El Supremo pide trasladar a Madrid a los presos independentistas antes de febrero

El presidente del tribunal que juzgará a la cúpula del procés por el 1-O, Manuel Marchena, ha remitido un oficio al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que los nueve dirigentes independentistas presos que se sentarán en el banquillo del Supremo sean trasladados a Madrid antes de que empiece febrero para garantizar su presencia física en el juicio, del que todavía no han trascendido las fechas. Así, Marchena exhorta a Grande-Marlaska a “adoptar las decisiones que resulten indispensables para garantizar la presencia de los procesados presos a disposición de esta Sala en la última semana del corriente mes de enero”.

Tras conocerse la petición, el conseller de Interior, Miquel Buch, ofreció a los Mossos d’Esquadra para que se encarguen del traslado a Madrid del vicepresident cesado, Oriol Junqueras, los consellers destituidos Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el diputado de JxCat y exlíder de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Los traslados se efectuarán desde las tres prisiones catalanas en las que se encuentran internos desde hace medio año: Lledoners, Puig de les Basses y Mas d’Enric.

La cúpula del PDeCAT viaja a Bélgica para abordar su encaje en la Crida, que se constituye el día 26

Con todo, y ante la proximidad del inicio del juicio en el Supremo, los diputados de JxCat celebrarán una cumbre en la cárcel de Lledoners el próximo lunes con Sànchez, Rull, Turull y Forn. El objetivo del encuentro, según fuentes del grupo parlamentario, es preparar el juicio y trasladar su apoyo a los encarcelados. Antes, sin embargo, los diputados de la coalición liderada por Carles Puigdemont viajarán a Waterloo para verse con su número 1. Será el domingo. El lunes, Puigdemont se verá en la Casa de la República con la dirección del PDeCAT. En este segundo encuentro en territorio belga, no se descarta abordar también el encaje de la formación liderada por David Bonvehí en la Crida Nacional per la República, que celebra su congreso constituyente el 26 de enero.

En otro orden de cosas, Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, insistió ayer en sus reticencias hacia los jueces españoles. “Le he recomendado a Puigdemont que aprenda flamenco”, manifestó el letrado a la salida de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que compareció para hablar sobre la reforma de la ley de indultos que impulsa el PP. En este sentido, censuró la voluntad de los populares de querer prohibir ad hoc que el Gobierno central tenga la facultad de indultar a los condenados por rebelión. Así las cosas, Alonso-Cuevillas apostó por que los parlamentarios no limiten los delitos por los que el Ejecutivo central puede indultar y eximir de cumplir su pena a los condenados por los jueces y tribunales.

BARCELONA

El exteniente de alcalde de Badalona José Téllez manifestó ayer, ante la jueza que le investiga por un presunto delito de desobediencia por retirar carteles requisados del 1-O de un coche policial días antes del referéndum, que lo volvería a hacer. El edil, que en el momento de los hechos estaba acompañado por el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que lleva en la cárcel desde hace un año y tres meses, aseguró que, con su actitud, sólo defendía la libertad de expresión. Así, explicó que consideró “desproporcionado” que los agentes hubieran requisado los carteles a sus propietarios. Por otra parte, Josep Huguet, exconseller del tripartito por ERC, declaró como investigado por un presunto delito de coacciones y contra la administración por haber retuiteado un mensaje con datos de la secretaria judicial que investigaba los preparativos del 1-O.

La Fiscalía de Barcelona interpuso ayer un recurso de apelación contra la decisión del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona de archivar la causa por presunto espionaje político de los Mossos d’Esquadra. La investigación surgió a raíz de una veintena de querellas presentadas por sindicalistas de Mossos, políticos, periodistas y personalidades por haber sido víctimas de un presunto espionaje por parte de la Policía catalana. Además del Ministerio Público, los 20 querellados también han recurrido el archivo de la causa al considerar que el cuerpo investigó “con fines políticos” a personas cuyo único nexo es que están en contra de la independencia de Catalunya.

Por otra parte, el conseller de Interior, Miquel Buch, exigió ayer una disculpa a todos aquellos líderes que “señalaron” a los Mossos y les acusaron de estar al servicio de la Generalitat para espiar a rivales políticos. “En un país normal, los políticos que han señalado a los Mossos tendrían que retractarse”, indicó el conseller. Buch, que no descartó reclamar a los que acusaron a los Mossos una indemnización por daños y perjuicios, destacó que el juez, en su resolución, defiende que los agentes actuaron con “criterios policiales de prevenir y perseguir delitos”.

La Generalitat otorga su medalla de oro a Carme Forcadell El president de la Generalitat, Quim Torra, presidió ayer la entrega de las medallas de oro de la institución a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en prisión preventiva desde marzo de 2018, al jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, y a la firma RCR Arquitectes. El acto, que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, contó con la presencia de algunos de los consellers del Govern y también con la del presidente del Parlament, Roger Torrent. El reconocimiento otorgado a Forcadell fue entregado a su marido, Bernat Pegueroles. Este leyó una carta de la expresidenta del Parlament, que llamó a los catalanes a “no ser súbditos”. “Ni cárcel ni exilio ni represión frenarán el anhelo soberanista”, advirtió en su misiva la también dirigente de ERC, que sostuvo que siempre ha luchado desde valores como “el pacifismo, el feminismo y la libertad”. Por otra parte, Viver i Pi-Sunyer se mostró convencido de que Catalunya culmirará su camino hacia la independencia “con éxito”.