Acusan al Govern de Puigdemont de malversar 17 millones para el 1-O

En pleno juicio en el Tribunal Supremo contra la cúpula del independentismo por su presunta vinculación con el 1-O, ayer se hicieron públicos varios informes de la Guardia Civil remitidos al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que tratan de acreditar la supuesta malversación efectuada por los líderes del procés para sufragar el referéndum de autodeterminación de 2017. En este sentido, un informe de la Benemérita señala que el Govern de Carles Puigdemont invirtió 17 millones de euros en la creación de estructuras de Estado para la futura Catalunya independiente. En concreto, tal y como publicó la prensa de Madrid, la conselleria de Economía, que dependía del vicepresident cesado, Oriol Junqueras, ahora sentado en el banquillo de los acusados del Supremo, usó este montante para desarrollar las primeras fases de la futura hacienda pública catalana. En su informe, los investigadores detallan que esta cifra, que cuadruplica la de 4,7 millones malversados que estimaban hasta ahora, se halló en un pendrive incautado al republicano Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat en el otoño de 2017. Por otra parte, otro informe que salió ayer a la luz apunta a que el expresident Artur Mas participó en la contratación de la multinacional alemana T-Systems para crear soportes y plataformas tecnológicas con las que desarrollar la infraestructura de la república catalana. A este respecto, los investigadores aportan unas grabaciones telefónicas en las que responsables de la firma germana hablarían sobre gestiones efectuadas por Mas, incluso después de que Carles Puigdemont fuera investido en enero de 2016 y le relevara al frente de la Generalitat. En otro orden de cosas, otro documento que manejan los investigadores y que también hizo aflorar ayer la prensa madrileña implica al director general de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, en una presunta trama para instruir sobre cómo se tenían que destruir pruebas a los dueños de Unipost, la empresa que debía distribuir las tarjetas censales para el 1-O. Asimismo, Sutrias también habría transmitido instrucciones sobre cómo responder a la Guardia Civil, que hizo registros en locales de esta compañía de mensajería. Así las cosas, la Benemérita sugiere a la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que Sutrias podría ser imputado por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación en grado de tentativa. Mientras tanto, un cuarto informe defiende que la cúpula de los Mossos d’Esquadra se reunió en secreto en junio de 2016 para desarrollar el futuro DNI catalán y un software de inteligencia e investigación propio para el futuro Estado independiente. Tras publicarse estas informaciones, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, salió al paso de las mismas y desacreditó las pesquisas efectuadas por la Guardia Civil. “Ya nos tienen acostumbrados a actuar de forma poco seria”, subrayó, a la vez que enfatizó que los agentes “se equivocan, como otras muchas veces”.

Entretanto, la jueza de instrucción número 13 de Barcelona, que sustituyó en el puesto al fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, que fue el que inició la causa, ha acordado una prórroga de 18 meses para seguir investigando los preparativos del 1-O al considerar que la causa es “compleja”. Asimismo, ayer tomó declaración como investigados al director de TV3, Vicent Sanchis, y al de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Sanchis negó la desobediencia que se le imputa por emitir publicidad del 1-O. Gordillo alegó no tener competencias para decidir sobre la publicidad que se emite.