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Los creadores de la web del 1-O no cobraron sus trabajos

Actualizada 07/03/2019 a las 10:56
Se les aseguró que no los abonaría la Generalitat || Un publicista incluso emitió una factura negativa de 80.000 euros por su labor
El publicista Ferran Burriel, ahir al Suprem.

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© El publicista Ferran Burriel, ahir al Suprem.

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Dos estudiantes informáticos declararon ayer en el juicio por el proceso independentista en Catalunya que el expresident y el exvicepresident de la Generalitat Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, les ofrecieron 500.000 euros para elaborar un sistema de votación electrónica de cara al referéndum del 1 de octubre de 2017.

Así lo declararon los dos jóvenes, Vicent Nos y Quim Franquesa, en su comparecencia en calidad de testigos durante el juicio, donde detallaron que asistieron a una reunión a mediados de agosto de 2017 con autoridades del Gobierno catalán de entonces en la que se les expuso el objeto de la aplicación que les pedían desarrollar.

Según los dos testigos fue el militante de ERC Xavier Vendrell quien contactó con Franquesa a principios de agosto de 2017 para proponerle desarrollar un sistema de participación electrónica. Admitieron que sabían desde el primer momento que esa aplicación se usaría para el referéndum independentista, pero les garantizaron que “sería legal” porque estaría “amparado” por una ley que se iba a aprobar en unas semanas en el Parlament.

Finalmente ambos se echaron atrás y decidieron no desarrollar la aplicación debido a la aprobación de las leyes de desconexión, que “seguramente iban a ser anuladas” por el Tribunal Constitucional, y porque no sabían aún quién les iba a pagar.

Después compareció Teresa Guix, a quien la Generalitat le encargó el diseño gráfico de la web pactepelreferendum.cat. Guix explicó que tras ser llamada por la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de la investigación de la organización del 1-O, decidió por “prudencia” devolver los 2.700 euros que le habían pagado por este diseño.

Otro testigo, el publicista Ferran Burriel, director de la agencia NotingAD, admitió que renunció a cobrar –emitió una factura negativa– por una campaña que realizó para la Generalitat en marzo de 2017, relativa al registro de catalanes en el exterior. “¿80.000 euros, tirados?”, le inquirió el fiscal. El testigo contestó afirmativamente y subiendo los hombros, para añadir que actualmente sigue trabajando para la Generalitat.

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