El Ejecutivo acuerda trasladar los restos de Franco el 10 de junio al cementerio del Pardo

El Gobierno central acordó ayer que los restos del dictador Francisco Franco sean trasladados el 10 de junio al panteón familiar de Mingorrubio-El Pardo, cementerio en el que está enterrada su mujer Carmen Polo. “Para que el dictador no esté en un lugar de exaltamiento”, dijo la vicepresidenta Carmen Calvo durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que defendió que con esta medida cumplen con la ley.

Calvo aclaró que la decisión será “de obligado cumplimiento” para cualquier Gobierno que esté en el poder en esa fecha, el 10 de junio, “a menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo” porque solo cabe “la modificación o la ejecución” y argumentó que han tomado la decisión “una vez que la familia decide que no se hace cargo”.

El Gobierno espera que el Valle de los Caídos sea un lugar para el recuerdo de las víctimas enterradas

No obstante, Calvo no precisó si cuentan ya con licencia de obras para llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador, y evitó aclarar si una suspensión cautelar del Tribunal Supremo impediría que pudiese llevarse a cabo o que se hiciese en esa fecha. “No hacemos intromisión” en el poder judicial, argumentó.

El alto tribunal estudia si suspende la exhumación a petición de la familia del dictador, que se opone a que los restos salgan del Valle de los Caídos. “Nosotros somos el Gobierno, no estamos en lo que haga o no el poder judicial”, defendió Calvo, que añadió que el Ejecutivo no tiene que hacer “ningún comentario” a las resoluciones judiciales pero “tiene que dar una fecha” para terminar el procedimiento.Será un acto privado para respetar la intimidad de la familia, que puede estar en la exhumación y en el entierro de El Pardo, y el “decoro” que el Gobierno, subrayó, prometió en todo momento. Y será privado también, sin imágenes, ni comunicación ni convocatoria pública del traslado de los restos, porque no se trata de un “espectáculo”, apostilló la vicepresidenta.

En cuanto al futuro del Valle de los Caídos, sobre el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por que acabara siendo un cementerio civil, la vicepresidenta comentó que debe ser “un lugar de recuerdo y de memoria”, un “recordatorio”, un “lugar de reposo y respeto” para las más de 30.000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil enterrados allí “sin la perturbación de que esté Franco”.

La decisión de poner fecha al entierro de los restos del dicatador en el cementerio madrileño se lleva a cabo en medio de la precampaña electoral, con las Cortes disueltas y a pesar de que el Tribunal Supremo admitió el recurso de la familia Franco, abría una pieza separada de medidas cautelares a petición de la parte recurrente y daba 10 días a la Abogacía del Estado para que se pronunciara. Sin haber concluido este plazo (lo hace el día 18), el Ejecutivo central ha decidido fijar fecha para el traslado de los restos. Tras concluir este plazo, está previsto que el Supremo se pronuncie sobre si hay cautelares. Si no se aprueban las cautelares que pide la familia Franco, la exhumación tendría vía libre.

Sin embargo, Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia, recordó al gabinete de Pedro Sánchez que no podrá exhumar al dictador antes de que el Tribunal Supremo resuelva el conflicto judicial abierto. “El Gobierno no puede proceder a ejecutar la exhumación mientras está sub júdice la petición medidas cautelares que hicimos”.