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La Abogacía del Estado pide investigar a votantes del 1-O y Fiscalía ya señala a nueve

Actualizada 29/03/2019 a las 09:55
Respalda un recurso de un sindicato policial al considerar que crearon una “masa tumultuaria” que impidió la acción de los agentes || El juez consideró que se limitaron a la resistencia pasiva
Imatge de les càrregues policials al CAP de Cappont.

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© Imatge de les càrregues policials al CAP de Cappont.

AMADO FORROLLA

La Abogacía del Estado se ha mostrado partidaria de que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investigue a votantes del 1-O por presunto delito de resistencia o desobediencia grave, entre otros, al considerar que algunos manifestantes formaron “masa tumultuaria” para impedir la acción policial. Así, se ha adherido al recurso de apelación del Sindicato Profesional de Policía, que pidió investigar a votantes de algunos colegios barceloneses por resistencia pasiva grave, una petición que el juez desestimó y que está pendiente de que la Audiencia de Barcelona resuelva, según eldiario.es.

En concreto, la Abogacía del Estado considera que algunos votantes obstaculizaron la actuación policial, colocándose deliberadamente para impedirle el paso, profirieron insultos y gestos amenazantes, apoyándose “en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria” y que se entrelazaban y agarraban con fuerza para no ser retirados.

 


La Abogacía del Estado alude a posibles delitos de resistencia y desobediencia grave

 

Descarta, como apuntaba al juez instructor, que estos ciudadanos se limitaran a ejercer la resistencia pasiva, ya que a su entender fue una conducta algo más grave, y aseguran que “hubo actos tumultuarios de resistencia grave, intimidación e incluso de acometimiento”. En la misma línea, constata “actitudes intimidatorias (gritos, insultos, gesticulación agresiva) apoyadas en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria”.

Asimismo, la Abogacía rebate el argumento del juez instructor, que tuvo en cuenta que los votantes no tenían prohibido acudir a votar y además habían sido invitados a ello por el propio Govern, el Parlament y otras instituciones, “existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades”.Considera que las lesiones sufridas por ciudadanos el 1-O a raíz de la actuación policial serían “enteramente imputables a los responsables políticos autonómicos, que sabiendo que la votación estaba prohibida, que había orden de retirar las urnas y que se iban a retirar por la policía, les habrían engañado para hacerles creer que era su derecho impedir la actuación policial”.

La Fiscalía, por su parte, se ha adherido parcialmente a este recurso del sindicato policial porque considera que hay que investigar a algunos votantes por presunta resistencia o desobediencia grave porque “obstaculizaron y/o se resistieron activamente a la actuación policial”. Pide investigar en concreto a nueve personas del IES Pau Claris de Barcelona.

 

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