El Superior de Justicia investiga a Quim Torra por desobediencia por no retirar los lazos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó ayer investigar al president de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de los edificios públicos. En un auto, que puede ser recurrido, la sala civil y penal del TSJC resuelve admitir a trámite la querella de la Fiscalía y designa como instructor de la causa a Carlos Ramos, el único magistrado de la sala nombrado a propuesta del Parlament y que formó parte del tribunal que juzgó al expresident Artur Mas por el 9N.

Torra reaccionó desde Twitter colgando una foto en la que aparece firmando la notificación de la querella por desobediencia, junto al mensaje: “Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias”.

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender “reiteradamente” las órdenes de la JEC cuando mantuvo simbología “partidista” en edificios públicos, lo que en su opinión reviste “especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía”.

Tras recibir el ultimátum de la JEC, el 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja. Ello motivó una nueva resolución de la JEC, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos retirar los símbolos de apoyo a los presos y abrir un expediente sancionador al president.

Entretanto, el Síndic de Greuges ha trasladado a Junta Electoral Central la prohibición de usar determinadas expresiones como “presos políticos” a los profesionales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales . Ribó argumenta que la expresión está reconocida en el derecho internacional y se ajusta a la realidad de los líderes encarcelados.