Procesados 30 altos cargos de la Generalitat por los preparativos y la organización del 1-O

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dio ayer por cerrada la instrucción de la causa que investiga los preparativos y la organización del 1-O dictando auto de procesamiento contra 30 altos cargos de la Generalitat a los que les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. Entre los procesados se encuentran el director de TV3, Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, además de la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, por sendos delitos de desobediencia. Asimismo, la jueza, Alejandra Gil, también atribuye malversación, desobediencia y falsedad documental a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y al secretario general del departamento de Presidencia, Joaquim Nin. Igualmente, deja en el estribo del banquillo de los acusados al secretario de Difusión del Govern, Antoni Molons, al director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, al secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, o al director de la delegación del Govern ante la Unión Europea, Amadeu Altajaf. Además, la jueza también procesa a Pablo Raventós, director general de Unipost, por malversación y desobediencia, al igual que al administrador de la revista El Vallenc, Francesc Fàbregas. Por el contrario, archiva las investigaciones contra el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal, cuyas declaraciones sobre los preparativos del referéndum dieron pie a esta causa, y contra Carles Viver i Pi-Sunyer, expresidente del Consell Asessor de la Transició Nacional.

Tras conocerse la resolución, el president, Quim Torra, efectuó una declaración institucional en la que calificó el auto de “aberración” y avisó de que “avanzaremos en la consecución de la república”. Carles Puigdemont sostuvo que los ahora procesados cumplieron su cometido “lealmente, y con honestidad y rigor”. Por contra, el diputado de Cs Carles Carrizosa se felicitó por el procesamiento de los “colaboradores necesarios” del procés.

En paralelo, Puigdemont solicitó ayer protección al Parlament después de que el empresario Gerard Bellalta, presidente del Círculo de Empresarios de Tabarnia, haya prometido 100.000 euros de recompensa para que le secuestren, dijo.

MADRID

El exmajor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero ha asegurado que no compartió el “plan” independentista del Govern de Carles Puigdemont ni favoreció la celebración del referéndum “ilegal” del 1-O, según consta en el escrito de defensa que su abogada, Olga Tubau, ha presentado ante la Audiencia Nacional, tribunal que le juzgará por un presunto delito de rebelión, y que salió a la luz ayer. Así, el documento defiende que el exjefe de la Policía catalana “ha desarrollado siempre su actuación profesional al mando del cuerpo de los Mossos d’Esquadra desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal” y que “no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado por el Govern de la Generalitat y el Parlament para alcanzar la independencia de Catalunya y su proclamación como Estado soberano e independiente en forma de República”. De este modo, Trapero “no ha puesto jamás al cuerpo de los Mossos al servicio de los intereses políticos secesionistas”, sostiene la defensa, a la vez que asegura que el Govern de Puigdemont conocía su “postura inequívoca”.

En relación con el operativo desplegado por los Mossos durante el 1-O, el escrito de defensa reitera las manifestaciones efectuadas durante su declaración como testigo en el juicio contra la cúpula independentista en el Tribunal Supremo, avaladas por los que fueron sus subordinados, Ferran López y Joan Carles Molinero. Así, alega que el coordinador del dispositivo policial para la votación, el coronel Diego Pérez de los Cobos, no puso ninguna objeción a los binomios de agentes de los Mossos que se desplegaron en los colegios electorales para tratar de impedir que el referéndum se efectuara.