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El Govern denunciará a Fiscalía la quema del muñeco de Puigdemont

Critica que ni fiscal ni Policía hayan actuado ya de oficio || Los independentistas preparaban una “comisión de la verdad” para la segunda fase de la desconexión

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La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, anunció ayer que el Govern de la Generalitat denunciará a la Fiscalía de delitos de odio y discriminación “la quema y el fusilamiento” de un muñeco que representaba al expresidente Carles Puigdemont en Coripe (Sevilla) el 21 de abril. Durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu, la también portavoz del Govern explicó que el Executiu de Quim Torra considera que estos hechos podrían ser “un delito de incitación al odio y a la violencia” del artículo 510 del Código Penal, sin perjuicio de que pueda ser constitutivo de otros delitos. “Nos sorprende que ni Fiscalía ni la Policía española hayan actuado de oficio como sí hicieron con casos como el de Valtonyc, el de Willy Toledo” y otros que citó, como el del actor Toni Albà, el del concejal Jordi Pessarrodona y varias personas por ‘tuits’.

Recordó que en la festividad de Coripe el muñeco que emulaba a Puigdemont iba “con una estelada colgada al cuello, y un lazo amarillo, que fue colgado de un árbol, quemado y tiroteado con escopetas y munición de salvas, cargadas en un coche de la policía municipal, por miembros de la organización”. Preguntada por si el Govern interpelará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome medidas políticas en base a que el alcalde del municipio sevillano es socialista, dijo que no esperan “gestos” hasta que acaben las elecciones.

En otro orden de cosas, un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona afirma que el independentismo preparaba una “comisión de la verdad” sobre la memoria histórica y la reconciliación para la segunda fase de la desconexión, así como la redacción de una ley de derechos humanos, la instauración de un registro de entidades religiosas y la creación de una escuela de administración pública catalana para formar a los funcionarios del nuevo Estado.

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