España pide apartar a dos de los expertos de la ONU que exigieron la libertad de los presos

España solicitó ayer de manera formal a las Naciones Unidas que inhabilite a dos de los expertos del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que elaboraron un informe en el que exigían la puesta en libertad inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Así lo anunció el embajador español ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, que sostuvo que tanto el mexicano José Guevara como el surcoreano Seong-Phil Hong tenían la obligación de no participar en la investigación porque, a su entender, han mantenido una relación constante durante su carrera con Ben Emmerson, abogado de los líderes independentistas, con lo que habría un “conflicto de intereses”. “Hay constancia de que existe una relación directa entre estos dos expertos y el abogado británico”, sentenció González-Aller, que también arremetió contra el documento por “contener enormes errores de interpretación que reflejan un desconocimiento absoluto de la sociedad española y del ordenamiento jurídico”. En paralelo, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, se pronunció a favor de endurecer el control sobre las actividades de los grupos de trabajo de la ONU. En este sentido, señaló que la financiación de estos organismos tiene que ser “transparente y clara”. Además, apostó por un mejor sistema de “rendición de cuentas” y avanzó que se ha puesto en contacto con Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para trasladarle el malestar del Estado español.

Mientras tanto, el president de la Generalitat, Quim Torra, hizo llegar ayer mismo una carta al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la que le exigió la puesta en libertad inmediata de los líderes del procés en base al informe de la ONU. Asimismo, le instó a abrir una investigación para “depurar responsabilidades” por la prolongada prisión provisional contra todos ellos. En la misma línea, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras la reunión extraordinaria del Consell Executiu, remarcó que Madrid “tiene la obligación de dar respuesta a lo que le pide el grupo de trabajo”. En este sentido, afirmó que la Generalitat “denunciará en todas partes” al Estado si no hace efectiva la resolución. La réplica de La Moncloa a la misiva de Torra no se hizo esperar y la portavoz en funciones del Gabinete socialista, Isabel Celáa, manifestó que es un “despróposito” las exigencias que el president de la Generalitat ha planteado a Sánchez. “