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Las defensas acusan a la Fiscalía de forzar la rebelión

Actualizada 13/06/2019 a las 10:04
“No la hubo al no existir violencia” || La abogada de Forcadell critica que no se la juzgue con sus compañeros en el TSJC
Imatge general del judici durant el torn de paraula de Jordi Turull.

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© Imatge general del judici durant el torn de paraula de Jordi Turull.

SEÑAL TRIBUNAL SUPREMO

Cuatro de los abogados defensores que intervinieron ayer cargaron contra la Fiscalía del Tribunal Supremo por “tergiversar” el relato y “magnificar” la actuación de los acusados con “poco rigor” y a través de “interpretaciones forzadas” para hacer que su papel se encuadre en el delito de rebelión o malversación. Ese fue el argumento común de los informes de los abogados de la defensa de Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Meritxell Borràs y Dolors Bassa que intervinieron en la última jornada del juicio del “procés”.

Ni el 1-O ni la conducta de los acusados fue, según los letrados, “capaz de doblegar el Estado” y, por tanto, defendieron que “no hubo rebelión porque no hubo violencia”. Lo verbalizó así el letrado de la exconsellera Dolors Bassa, Mariano Bergés, que criticó cómo la Fiscalía “empezó diciendo que se había liquidado la Constitución” pero al definir la violencia bajó “el tono” hasta una “violencia soft, una fuerza intimidatoria o una violencia normativa”.

Como otras defensas, Bergés incidió en que la aplicación del 155 de la Constitución “bastó” y se llevó a cabo “sin ninguna resistencia” por lo que “no se le puede pedir al tribunal que actualice el tipo de rebelión” para condenarles.

Asimismo, defendió que la declaración unilateral de independencia no es delito sino “un acto político y pacífico” que “no formaba parte del plan inicial” del Govern, que pretendía alcanzarla “a través de un proceso refrendario y ordenado”.

A juicio de Marina Roig, la letrada de Jordi Cuixart, lo que ocurrió aquel otoño de 2017 fue el ejercicio de los derechos de manifestación y reunión, que la acusación identifica con “desorden, caos, malestar y desafío a la autoridad”.

También sostuvo que la Fiscalía “ha tergiversado” el relato para “hacer cuadrar la actuación” del líder de Òmnium en el delito de rebelión cuando -precisó- él solo insistió en que la protesta del 20-S frente al registro de la conselleria de Economía “debía mantener un carácter pacífico”.

Consideró “irrelevante” para el juicio que Cuixart se subiese a un coche dañado de la Guardia Civil y usase “palabras como desde este altar majestuoso” porque no es delito, e indicó que la “defensa de la unidad de España” no puede “enturbiar” la protección de los derechos fundamentales.

La abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell fue más allá al acusar a la Fiscalía de “magnificar” su actuación, y opinó que “se la está juzgando por quién es y no por lo que ha hecho”. Olga Arderiu denunció que se la haya separado del resto de sus excompañeros en la Mesa de la Cámara catalana, que en vez de ser enjuiciados por rebelión responderán tan solo por un delito de desobediencia ante el TSJC, que no conlleva pena de cárcel.

Así, toda esta “rebelión posmoderna” que concibe la Fiscalía -término acuñado el martes por el defensor de Quim Forn, Xavier Melero, “ha sustentado también una malversación posmoderna”, según su compañera de despacho, Judith Gené, abogada de la exconsellera Meritxell Borràs. Gené se centró en negar el delito de malversación que, según dijo, no se ha podido probar, y reprochó el “sesgo acusatorio” de una Fiscalía que solo tiene en cuenta “lo que perjudica” y no los hechos en global. Además, aprovechó para pedir al tribunal que no tenga en cuenta en su sentencia las conclusiones de Vox.

La negativa de la malversación la cerró el letrado de Bassa en relación al uso de los colegios el 1-O que, a su juicio, no implica desvío de fondos porque “los locales estaban excluidos del mercado” y “no se podían alquilar”, por lo que “su uso no comportó un lucro cesante”.

Joan Segarra, abogado del exconseller de Empresa Santi Vila, insistió, por su parte, que su cliente dimitió “frustrado” al no conseguir una “solución dialogada” para declarar la independencia, destacando que en el gobierno de Carles Puigdemont no existía “consenso”.

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