El Consejo de Europa cuestiona las causas contra los líderes del 'procés'

El comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa aprobó ayer un informe preliminar en el que manifiesta su “preocupación por el creciente número de políticos locales, regionales y nacionales procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su cargo, sobre todo en España y Turquía”. De este modo, esta organización internacional, anterior a la Unión Europea y con cerca de medio centenar de Estados miembros, señaló que la libertad de expresión de estos dirigentes investigados ha sido presuntamente violada por las autoridades españolas y turcas. En el caso concreto de los independentistas catalanes, el informe del Consejo de Europa se pregunta por qué fue procesado el Govern de Carles Puigdemont si convocar un referéndum ya no era delito en España y las manifestaciones independentistas fueron pacíficas. “El procesamiento de los políticos que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017 por el delito de rebelión difícilmente se puede basar en violencia real”, concluye el documento. Además, sostiene que “como muchos observadores comprobaron, las manifestaciones masivas alrededor del referéndum fueron pacíficas” y alude a las cargas policiales contra ciudadanos que acudieron a las urnas en aquella jornada. Igualmente, destaca que las investigaciones penales sobre el 1-O “tienen como objetivo el president y los miembros del antiguo Govern, funcionarios públicos y más de 700 alcaldes”. También recuerda que “el propósito principal de la inmunidad parlamentaria reside en la protección de la institución y en la garantía fundamental de la independencia de los electos”.

El ponente del informe, el diputado socialista letón Boris Cilevics, se desplazará a Madrid y a Barcelona para conocer “sobre el terreno” la situación de los líderes independentistas encarcelados por el 1-O. Cilevics, que auguró que la causa contra la cúpula del procés acabará seguramente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que forma parte del conglomerado institucional del Consejo de Europa, aseguró que “no dudará” a la hora de “señalar los problemas sistemáticos” en los que podría incurrir España. El procedimiento puede prolongarse durante un año y medio y podría culminar con un pronunciamento sobre la cuestión del pleno del Consejo de Europa.

El Govern denuncia las “presiones” de Madrid sobre los parlamentarios galos por el manifiesto

parís

Los parlamentarios franceses que suscribieron un manifiesto por el “respeto de los derechos y libertades fundamentales en Catalunya” reclamaron ayer que la Unión Europea lidere una mediación entre Catalunya y España para “reencontrar el camino del diálogo”. Después de una reunión de algunos de ellos con el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch en París, el senador dels Republicans François Calvet instó a las autoridades comunitarias a “ejercer el rol que les corresponde y abrir el diálogo”. Mientras tanto, el también senador galo Simon Sutour, del Partido Socialista, se mostró “preocupado” porque “dentro del espacio europeo no se esté respetando la democracia, la libertad y la capacidad de los pueblos a expresarse”. Por su parte, Bosch criticó al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, por no haber “hecho nada” para encontrar una “salida democrática al conflicto”. También censuró las “presiones” sobre los parlamentarios franceses para que se desmarcaran del texto. “El manifiesto fue un choque formidable”, sostuvo el republicano.

En otro orden de cosas, el diputado nacionalista corso en la Asamblea Nacional francesa Jean-Félix Acquaviva se comprometió ayer a llevar a sede parlamentaria la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O. Además, anunció que encabezarán acciones de protesta contra el fallo, aunque no concretó en qué consistirán. Acquaviva, asimismo, cargó contra el Ejecutivo español por la “represión despropocionada” contra el independentismo y denunció la “gravedad de la situación”.