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Sánchez lleva al Constitucional la reprobación del Parlament al rey y pide advertir a Torrent

Actualizada 05/10/2019 a las 08:19
Aprueba dos incidentes de ejecución contra una resolución que también defiende la autodeterminación || Publicado el acuerdo que pide la retirada de la Guardia Civil de Catalunya, que irá también al TC
Davant la Fiscalia - Carlos Carrizosa i Edmundo Bal, diputats de Cs al Parlament i al Congrés respectivament, van presentar ahir una denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya perquè obri una investigació contra el president, Quim Torra, ...

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© Davant la Fiscalia - Carlos Carrizosa i Edmundo Bal, diputats de Cs al Parlament i al Congrés respectivament, van presentar ahir una denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya perquè obri una investigació contra el president, Quim Torra, ...

EUROPA PRESS

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la presentación de dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contra sendos puntos de una resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio en la que los diputados reprobaron al rey y defendieron el derecho a la autodeterminación de Catalunya. Así lo anunció la portavoz del Gobierno central en funciones, Isabel Celaá, que reclamó la “inmediata suspensión” y la “nulidad” de ambos puntos de la propuesta que fue presentada por JxCat, ERC y la CUP. La fórmula empleada en esta ocasión por La Moncloa no es la del recurso de inconstitucional, sino la del incidente de ejecución de sentencia, al entender que la reprobación a Felipe VI y la apuesta por la autodeterminación violan tres fallos anteriores del Constitucional. De esta forma, como explicó Celaá, el Gabinete socialista en funciones ha solicitado a los magistrados que, además de declarar nulos los acuerdos, aperciban personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, a los miembros de la Mesa y al secretario de la Cámara de las posibles responsabilidades penales en las que podrían incurrir de persistir en resoluciones de este tipo. En paralelo, el Butlletí Oficial del Parlament publicó las resoluciones aprobadas al término del debate de política general de la semana pasada. Entre ellas, la que pide que la Guardia Civil se vaya de Catalunya, la que apuesta por la desobediencia civil y pide la amnistía de los presos, y la que anima al Parlament a liderar la respuesta a la sentencia del 1-O. El Ejecutivo socialista ya anunció que también llevaría al Constitucional estos acuerdos.

Así las cosas, Celaá instó a las instituciones catalanas a cumplir con la ley porque, a su entender, la Generalitat “es la única institución en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad”. En este sentido, amenazó con que, si el independentismo vuelve a la vía unilateral, el Gobierno de Sánchez echará mano de “la ley de seguridad nacional, del 155 y puntos suspensivos”.

 


Un mando policial afirma que algunos votantes les rociaron con un líquido que podría ser “ácido”

 

girona

Un mando de la Policía Nacional imputado por su participación en las cargas que se produjeron en la Escola Verd de Girona durante el 1-O declaró ayer ante la jueza de la capital del Gironès que le investiga que algunos votantes portaban “objetos punzantes”. Asimismo, sostuvo que sus caras destilaban odio. El agente, al que se le atribuyen los presuntos delitos de torturas, lesiones y daños, también aseguró que los ciudadanos que habían acudido a las urnas les echaban líquido por encima, que podría ser “ácido” o “lejía”, y les amenazaban con colocar bombas en los vehículos policiales.

En total, seis policías nacionales declararon ayer, cinco presencialmente y uno a través de videoconferencia desde las Islas Canarias. Los que acudieron al juzgado entraron por la puerta trasera y salieron desde el garaje dentro de los vehículos para no ser vistos. En el interior sostuvieron, asimismo, que la gente les insultó el día del referéndum al grito de “españoles”.

La causa en la que están imputados estos seis agentes, y otros 29 más, parte de una querella colectiva por las cargas policiales durante el 1-O en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva.

Al término de las comparecencias, Albert Carreras, portavoz de los abogados voluntarios que impulsaron la querella, explicó que, a pesar de que los agentes no quisieron responder a sus preguntas, están satisfechos porque los agentes han dejado clara cuál era la cadena de mando que daba las órdenes para actuar. “Ha sido un interrogatorio exhaustivo en el que primero se les ha preguntado por su actuación genérica y después por cada uno de los lesionados que les habían identificado”, señaló el letrado, a la vez que insistió en que “nadie actuó sin recibir instrucciones de sus superiores”.

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