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Pablo Casado: “Ha sido el mayor desafío desde el 23-F”

Asegura que se han juzgado “graves violaciones del orden público constitucional” || Pide recuperar las competencias penitenciarias

El presidente del PP, Pablo Casado, ayer en rueda de prensa.

El presidente del PP, Pablo Casado, ayer en rueda de prensa.EFE/J.J.GUILLÉN

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El líder del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que el Tribunal Supremo no ha juzgado ideas u opiniones políticas sino “graves violaciones al orden público constitucional”. Por eso, recalcó que es “momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia” del procés y añadió que cualquier llamamiento a la desobediencia o la insurrección debe ser respondido de forma “contundente” por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Casado calificó de “ejemplar” el proceso judicial tras el “mayor desafío al Estado de Derecho desde el juicio por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981”. Tras resaltar que son los tribunales los que garantizan los derechos y libertades de todos los ciudadanos libres e iguales ante la ley, señaló que el Supremo ha condenado “conductas que violaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes”, afectando además a la “prosperidad, la convivencia y la concordia de Catalunya”.

Pablo Casado, tras conocer la sentencia del “procés” manifestó: “Quien la hace la paga”

“Por eso, hoy es momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, la insurrección o la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la nación en funciones”, manifestó, añadiendo que “quien la hace, la paga”.

Casado afirmó que es momento de la “responsabilidad” por parte de todos y de recuperar la convivencia y la concordia, así como que aquellos que han vivido de “espaldas” al Estado de Derecho “se reconecten con la realidad y con la ley”. De la misma manera, pidió recuperar la economía en Catalunya con el regreso de las empresas que se marcharon por el procés.

Casado lanzó un mensaje de tranquilidad y confianza a los españoles, subrayando que las instituciones funcionan, que no existe la impunidad y que la ley se impone a los que intentan quebrar la convivencia.

Por otra parte, el líder del PP, planteó recuperar las competencias penitenciarias transferidas a la Generalitat en 1983 para evitar posibles incumplimientos de condenas, como las del caso del “procés”, con “tratos diferenciados” o “discrecionalidad en la aplicación del tercer grado”.

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