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La Policía registra la sede de la ACM por pagar viajes a Waterloo

Actualizada 22/10/2019 a las 09:46
También se inspeccionaron dos agencias de viajes en Barcelona y en Vic || Las pesquisas no afectan a Miquel Buch, que fue su presidente de 2011 a 2018
Seu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Barcelona, ahir.

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© Seu de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques de Barcelona, ahir.

ACN

La Policía Nacional registró ayer durante más de 10 horas por orden del Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona la sede de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en una operación contra una supuesta red corrupta de desvío fondos públicos. Las actuaciones lideradas por la Comisaría General de Información están declaradas secretas e incluyen varios registros, además de la sede de la ACM. Según fuentes policiales, la investigación no afecta al actual conseller del Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que fue presidente de esta entidad entre 2011 y 2018. Asimismo, durante la tarde la Policía también registró dos agencias de viajes, una en Barcelona y otra en Vic, por su presunta relación con la investigación abierta contra la ACM por una supuesta red de desvío de fondos para el procés. En una atención a los periodistas el presidente de la ACM y alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explicó que en el registro no ha habido detenciones y que el equipo directivo y el personal de la entidad están “colaborando” con los agentes, quienes están recogiendo documentación y copiando ordenadores.

La ACM se ha significado en los últimos años por respaldar la estrategia política de los líderes independentistas y organizar viajes de apoyo a Carles Puigdemont. Este tipo de desplazamientos ya han sido objeto de investigaciones en el pasado por parte de la Fiscalía. En septiembre de 2018, la Fiscalía Superior de Catalunya archivó unas diligencias de investigación por un acto de 167 alcaldes catalanes en Bruselas con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont celebrado el 7 de noviembre de 2017. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio afirmó que no había indicios de que los gastos del viaje, estancia y alquiler del local que acogió el acto de los alcaldes “procedieran, ni en todo ni en parte, de fondos públicos de sus respectivos consistorios”.

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