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Griñán, condenado a 6 años de prisión, y Chaves a 9 de inhabilitación por el 'caso ERE'

Actualizada 20/11/2019 a las 12:55

Por los delitos de prevaricación y malversación, el primero y prevaricación, el segundo || Penas para 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados, entre ellos Magdalena Álvarez

Els expresidents andalusos Manuel Chaves i José Antonio Griñán, durant el judici.

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© Els expresidents andalusos Manuel Chaves i José Antonio Griñán, durant el judici.

EFE/RAÚL CARO/ARCHIVO

Casi un año después de que quedar visto para sentencia el juicio de la pieza política de los ERE de la Junta andaluza, la Audiencia de Sevilla dictó ayer sentencia contra los expresidentes del PSOE al condenar a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel e inhabilitar durante 9 años a Manuel Chaves. El fallo judicial, que puede ser recurrido al Tribunal Supremo y de más de 1.800 páginas, asume buena parte de las tesis y petición de condenas de la Fiscalía y suma en total 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados.

Griñán, el mayor damnificado, ha sido condenado a 6 años de prisión y Manuel Chaves, a 9 de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo.

También han sido condenados a prisión los exconsejeros Antonio Fernández (7 años), José Antonio Viera (7 años), Francisco Vallejo (7 años), Carmen Martínez Aguayo (6 años), los exviceconsejeros Agustín Barberá (7 años), Jesús María Rodríguez (6 años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (7 años), y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (6 años).

El resto de las condenas son por inhabilitación, entre ellas la de la exconsejera Magdalena Álvarez, para la que el tribunal ha dictado 9 años de inhabilitación. En esta situación se encuentran también el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (9 años de inhabilitación), el exviceconsejero José Salgueiro (9 años), el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano (9 años) y el ex secretario general de Empleo Javier Aguado (9 años).

A estos se unen la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (8 años y 6 meses de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (9 años) y, por último el ex director de IDEA Jacinto Cañete (8 años y 6 meses). Hay dos personas absueltas: el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, y el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río.

La trama de los ERE funcionó durante una década, del año 2000 al 2010 con una malversación de 680 millones de euros de dinero público en las transferencias desde la consejería de Empleo a la Agencia IDEA. Durante todo ese tiempo más de 120.000 trabajadores se vieron afectados por Expedientes de Regulación de empleo en Andalucía, sólo 6.096 recibieron ayudas con el fondo creado por la Junta.

El dinero público desapareció y según la Guardia Civil una pequeña parte de la cantidad desviada por la trama sirvió para pagar al menos trece “bacanales” en locales de alterne.

La Administración autonómica contabilizó 196 “intrusos”, o lo que es lo mismo personas que cobraron ayudas para prejubilarse de empresas en las que jamás habían trabajado. Además, un gran número de estas ayudas carecían de un objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos, entre otros, pago de nóminas, pago de deudas, pago de minutas por asesoramientos jurídicos, pago de avales.

Hasta julio de 2018, en su último balance de los reintegros realizados, la Administración autonómica sólo había recuperado 6,7 millones de euros de esos 680 millones defraudados que desvió la trama ahora condenada.

Un fraude de 680 millones en ayudas sociales y laborales durante años

La Junta de Andalucía se valió del uso de transferencias de financiación para lograr “una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales”, según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El fallo describe el “descontrol” y la “falta de fiscalización” de las ayudas sociolaborales de la Junta investigadas en este caso.

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