El Síndic detecta “desproporción” en acciones policiales tras la sentencia

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó ayer un informe que concluye que algunas actuaciones de los agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional durante las protestas por la sentencia del 1-O fueron “desproporcionadas”. En este sentido, Ribó criticó el trato recibido por algunos de los detenidos, que a su entender vulneró su derecho a la integridad moral, y también consideró “inaceptable” el uso de pelotas de goma, que provocaron lesiones oculares a varios manifestantes. Con todo, destacó que la mayor parte de movilizaciones, y las más multitudinarias, transcurrieron en un “clima pacífico y tranquilo”. Por otro lado, admitió que hubo otras manifestaciones “minoritarias” que comportaron necesariamente la “reacción” de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, subrayó que los agentes se “excedieron”, en algunos casos, en el uso de la fuerza de dispersión.

Por otra parte, el mismo día en que el boletín oficial del Parlament publicó la resolución aprobada esta semana por los grupos independentistas, a pesar de las trabas del Tribunal Constitucional, como respuesta al fallo contra la cúpula del procés, el TC dio luz verde a los diputados de JxCat en la Cámara catalana para que se personen contra la impugnación promovida por el Gobierno central de los acuerdos sobre autodeterminación aprobados en Catalunya. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) citó como testigo al secretario general de Hacienda, el republicano Albert Castellanos, en la causa contra su predecesor, Josep Lluís Salvadó, por el desarrollo del fisco catalán en relación con el proceso independentista. Asimismo, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó al delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, por malversación por autorizar el pago de una campaña supuestamente vinculada a la autodeterminación. Igualmente, también acordó el procesamiento de Ignasi Genovés, exdirector general de Difusión, y de Teresa Prohias, directora de Servicios de la conselleria de Políticas Digitales. Mientras, la defensa de Carles Puigdemont pedirá posponer la vista en Bélgica de su extradición a después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Junqueras.