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?PROCÉS? POLÉMICA

Quim Torra denuncia 'coacciones' al presidente del Parlament para que le deje sin escaño

Actualizada 25/01/2020 a las 09:22

El Govern censura la “intromisión” de la JEC || El president alega ante la Junta Electoral de Barcelona, y la Mesa de la Cámara se reunirá el lunes antes del pleno para decidir si le mantiene como diputado

El president Torra, ahir, al Palau de la Generalitat, amb eurodiputats que van visitar els presos.

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© El president Torra, ahir, al Palau de la Generalitat, amb eurodiputats que van visitar els presos.

QUIM TORRA

La decisión del Tribunal Supremo de no suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que condena a año y medio de inhabilitación por desobediencia al president de la Generalitat, Quim Torra, marcó de nuevo ayer la agenda política catalana. El propio Torra denunció “coacciones” y “presiones insostenibles” sobre el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, para que se pliegue a la resolución de la JEC, pese a que es un organismo administrativo y no existe una condena firme, y que le retire la condición de diputado e impida que ocupe su escaño en el hemiciclo en el pleno del lunes. Y es que la última palabra en este asunto la tendrá Torrent, que el lunes, antes de que empiece el pleno, ha convocado la Mesa de la Cámara a fin de abordar, entre otras cuestiones, si Torra continúa siendo o no diputado.

A pesar de que el Supremo confirmó la ejecución de la inhabilitación dictada por la JEC mientras examina el fondo del asunto, los letrados mantuvieron ayer su posicionamiento y subrayaron, según fuentes parlamentarias, que la decisión de retirar o no el acta a Torra es “política”. Tampoco Torrent tiene previsto encargar un nuevo informe a sus servicios jurídicos, a no ser que lo solicite la Mesa. Mientras la portavoz del Govern, Meritxell Budó, criticaba la “intromisión” de la JEC, “que no tiene competencias”, el conseller de Territorio, Damià Calvet, denunció que este organismo administrativo trata de inhabilitar al president “por la puerta de atrás”. Entre hoy y mañana, JxCat, ERC y la CUP intentarán tejer una respuesta unitaria.

 


Page pronostica sediciones “todos los fines de semana” si Sánchez rebaja las penas tipificadas para este delito

 

En paralelo, la defensa de Torra presentó alegaciones contra la decisión de la JEC ante la Junta Electoral de Barcelona, insistiendo en que sólo el Parlament le puede retirar la condición de diputado. Por contra, el líder del PP, Pablo Casado, tachó a Torra de “usurpador” y la de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, amenazó con denunciar a Torrent por desobedecer a la JEC.

madrid

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió ayer en la necesidad de reformar el Código Penal para “revisar la respuesta” ante “ataques” a la soberanía. “Los tipos penales de rebelión y sedición están marcados y afortunadamente no ha habido que usarlos. Son más propios de finales del siglo XIX y principios del XX que de los ataques a la soberanía que hay en la actualidad”, manifestó, a la vez que abogó por un debate “sosegado” para afrontar los cambios legislativos.

Esta propuesta de reforma del Código Penal recibió ayer el aval del exjefe del Ejecutivo central José Luis Rodríguez Zapatero, que cree que contribuirá a “desinflamar” el conflicto catalán. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, insistió en sus críticas a la medida porque, a su parecer, si se rebaja el delito de sedición “se está invitando a que lo hagan todos los fines de semana”. Las palabras del también socialista fueron aplaudidas desde las filas del PP. Así, el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, avaló a Page y censuró que se pretenda llevar a cabo una “modificación a la carta” de la ley penal. Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, dijo que no es “incorrecto” retocar la sedición y la rebelión, aunque censuró las formas de La Moncloa.

Entretanto, la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners aprobó ayer la concesión de un permiso de 72 horas al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Sin embargo, en esta ocasión, la decisión final compete, no a la Generalitat, sino al juez de vigilancia penitenciaria.

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