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Puigdemont dice que el 155 fue un “golpe de Estado” para causar el “mayor daño posible”

Actualizada 05/02/2020 a las 09:52

Participa por videoconferencia en la comisión del 155 || Boya subraya que las “amenazas de muerte” de Madrid no tendrían que haber frenado al independentismo en 2017 y Rovira insiste en la unidad

Carles Puigdemont, ahir, durant la seua compareixença per videoconferència en la comissió del 155.

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© Carles Puigdemont, ahir, durant la seua compareixença per videoconferència en la comissió del 155.

EFE

Después de que la semana pasada comparecieran en la comisión del Parlament que investiga la aplicación del 155 en Catalunya los miembros del Govern de Carles Puigdemont que están encarcelados, ayer fue el turno para el ahora eurodiputado de JxCat, que declaró por videoconferencia desde Bélgica. Puigdemont sostuvo que la intervención de la administración catalana desde La Moncloa fue un “golpe de Estado” perpetrado por “jueces y fiscales” ante el que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 era “la única opción digna”. En este sentido, acusó al Estado de actuar contra Catalunya con ánimo de “venganza” y para poner fin a su aspiración de decidir su futuro. Así, a la par que aseguró que España trató de “causar tanto daño como fuera posible a los catalanes” con el 155, advirtió de que no se podrá “pasar página” mientras ésta no pida perdón por la intervención. Asimismo, ante la vía de negociación abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez tras el pacto de investidura de PSOE y ERC, alertó de que, el propio Sánchez, “estaba en la cocina del 155”.

En la sesión compareció también Lluís Puig, que fue conseller de Cultura con Puigdemont, y se refirió a los bienes del Museu de Lleida que fueron trasladados al monasterio de Sigena aprovechando el 155 (más información en la página 42). Por su parte, la aranesa Mireia Boya, exdiputada de la CUP, subrayó que la “guerra psicológica” y las “amenazas de muerte” de Madrid no tendrían que haber frenado a los independentistas en 2017. Además, cargó contra el “colaboracionismo” de los Mossos con el Estado y calificó de “frustrante” la división “pública” entre JxCat y ERC. Entretanto, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, desde Suiza, pidió unidad al independenitsmo y una amnistía para los condenados.

 

Puigdemont subraya que Sánchez “estaba en la cocina del 155” en vísperas de la reunión con Torra
Torra denuncia ante el Supremo ser víctima de una “persecución política” de la JEC y de los jueces

 

barcelona

Los letrados del Parlament admiten la posibilidad de que el president de la Generalitat, Quim Torra, no pueda seguir ejerciendo el cargo después de perder la condición de diputado de la Cámara catalana. Así lo indican en un recurso dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de ejecutar la condena a año y medio de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Torra por no retirar los lazos amarillos de los edificios del Govern antes de las elecciones generales del 28 de abril del año pasado. “Si bien la norma no lo dice expresamente, es posible interpretarla en el sentido de que la condición de ser diputado no solamente actúa en el momento de la elección, sino que se ha de mantener mientrsas se desarrolle el cargo de president”, hacen constar en dicho recurso, que aún ha de validar el pleno del Parlament antes de que sea presentado ante Supremo. No obstante, el letrado del Parlament Antoni Bayona puntualizó que, más allá de esta interpretación, los servicios jurídicos de la Cámara siguen defendiendo que Torra puede ser president sin tener la condición de diputado.

Por otra parte, el propio Torra ya ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Supremo para impugnar la sentencia del TSJC que le inhabilita por desobediencia. El president alega que los magistrados tratan de apartarle “ilegalmente” de la presidencia de la Generalitat. A este respecto, el escrito, que tiene 307 páginas, afirma que Torra es víctima de una “persecución política” y cuestiona la imparcialidad de los miembros de la JEC que ejecutaron su condena, a pesar de no ser firme, en aplicación de una norma pensada para apartar de las instituciones a los cargos vinculados con el terrorismo. También pone en duda la imparcialidad del magistrado instructor de su causa y del tribunal que le juzgó en Barcelona.

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