Luchar contra los falsos autónomos y avanzar en el SMI, ejes de Trabajo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, fijó ayer las prioridades de su departamento, entre las que están luchar contra los falsos autónomos, con cambios legislativos y reforzando la Inspección, así como seguir avanzando en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “La precariedad y el desempleo son los mayores problemas de la sociedad española”, ha dicho Díaz en su primera intervención como ministra en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso.

“Este modelo laboral dominado por la precariedad y la rotación laboral extrema es inaceptable”, señaló, antes de recordar las “duras” cifras del mercado español y sus principales problemas, e insistir en la necesidad de derogar la reforma de 2012 con diálogo y “técnicamente bien”.

“Sería una frívola si dijese que de un golpe derogo. Técnicamente es mentir decir que tengo una norma que derogo y derogo hasta el infinito”, aseveró, tras afirmar que lo que hará será “revisar y legislar”. Insistió en la necesidad de volver a darle voz a la negociación colectiva para que sea la que decida la prevalencia de cada convenio.

Y entre otras medidas previstas por Trabajo, ha avanzado que la siguiente será abordar la situación de los falsos autónomos, con cambios legislativos, a la vez que reforzará la Inspección de Trabajo y se actualizarán las sanciones para luchar contra este y otros fraudes. “Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo”, declaró Yolanda Díaz, que reiteró el compromiso del Gobierno para proteger los derechos de las personas “que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad”.

La ministra también afirmó que este año ya estará listo un sistema unificado de subsidio del desempleo que ampliará el sistema de protección y aumentará la cobertura. Otro de lo retos del ministerio será modernizar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que sea más ágil, y para que el erario público recupere aquellos importes que corresponda abonar a las empresas conforme a la legislación.