?PROCÉS? TRIBUNALES
Investigan mala praxis de 50 mossos en las protestas tras la sentencia
La mitad de las causas están judicializadas a raíz de denuncias de manifestantes tras la decisión del Supremo|| La Policía Catalana ha llevado a cabo una auditoría
Imagen de archivo de una noche de disturbios en la plaza Urquinaona de Barcelona.
Medio centenar de Mossos d’Esquadra están siendo investigados por los juzgados o por el cuerpo a través de la Divisió d’Afers Interns (DAI) por su actuación en los disturbios que se produjeron en las calles en octubre pasado tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Así lo aseguró ayer el director del cuerpo, Pere Ferrer, durante la presentación de la auditoría interna sobre aquellos días, en los que aseguró que la Policía Catalana vivió momento de mucha tensión debido a “brotes de manifestantes violentos”.
En total se investigan 34 actuaciones llevadas a cabo por estos agentes y de ellas mitad ya están judicializadas, todas ellas a instancia de denuncias de entidades o manifestantes, la mayoría por lesiones. Las 17 restantes siguen un proceso interno por parte de los Mossos con el objetivo de depurar responsabilidades administrativas. De estas, nueve las ha asumido la DAI, de las que dos se han cerrado sin sanción, seis siguen abiertas y una ha acabado con una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Durante la auditoría se visualizaron más de 1.000 horas de imágenes y se entrevistó a un centenar de personas entre agentes, mandos y ciudadanos. El conseller de Interior, Miquel Buch, dijo que se ha intentado hacer una “revisión de 360 ??grados” de la toma de decisiones, las herramientas policiales utilizadas, la interpretación de los protocolos, las actuaciones individuales y la comunicación pública de aquellos días en los que se “multiplicaron por 4” las 16 manifestaciones diarias que, de media, ha habido en Catalunya en los últimos tres años.
Paralelamente, la Generalitat retirará las acusaciones por desórdenes contra 6 independentistas que se manifestaron ante el Parlament en 2018 para exigir la investidura de Carles Puigdemont tras corroborar que ningún mosso resultó herido.
Por otro lado, Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la UAB y portavoz de la plataforma International Trial Watch sostuvo que el fallo del Supremo por el 1-O vulnera la doctrina del Constitucional en materia de derechos fundamentales. Así, señaló que los magistrados tendrían que anular la sentencia.
