La Mesa del Parlament en el 1-O dice en el juicio que veló por el derecho de los diputados

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acogió ayer el tercer juicio por el 1-O. Esta vez se sentaron en el banquillo el banquillo los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que lideraba Carmen Forcadell, los vicepresidentes primeros Lluís Corominas y Lluís Guinó, Anna Simó, ex secretaria primera, Ramona Barrufet, ex secretaria cuarta, y Mireia Boya, diputada entonces de la CUP. Todos se enfrentan a penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación y multas de 30.000 euros por desobediencia grave, por permitir la tramitación y votación de las leyes del referéndum. Durante sus intervenciones tanto Simó (ERC) como Corominas (JxSí) sostuvieron que actuaron defendiendo la “autonomía parlamentaria” al tramitar iniciativas vinculadas al procés y que su deber “era velar por la libertad de expresión” de los diputados. Además Corominas afirmó que con su actuación “no desobedeció ninguno de los requerimientos y notificaciones del Tribunal Constitucional”, ya que según él la doctrina y jurisprudencia que habían aplicado siempre fue la misma y nunca fue objeto de recurso. Asimismo sobre la votación de la ley del referéndum, ambos aseguraron que la Mesa “no tuvo ningún papel”, sino que lo único que hizo fue modificar el orden del día del pleno a petición de un grupo parlamentario. En esta misma línea también se pronunciaron Barrufet (JxSí) y Guinó (PDeCat), que aseguraron que simplemente intentaron compaginar los requerimiento del Constitucional con los derechos de los diputados. “Lo que no se puede tolerar es que la Mesa actúe como censora”, aseguró Barrufet, que matizó que ellos sólo analizaron las iniciativas en forma, no en contenido. Por su parte, Boya reivindicó que la votación de la Declaración Unilateral de Independencia no fue “simbólica” y añadió que prueba de ello fue que conllevó la aplicación del 155. Asimismo aseguró que para ella el TC “no es un actor legítimo en el proceso de independencia” y le es indiferente que prohibiera ninguna iniciativa parlamentaria. En este sentido, cuestionó que se la juzgara junto la Mesa cuando teóricamente ella tenía “libertad declarativa e inviolabilidad parlamentaria” y se presentó con un programa electoral legal.

Al principio del juicio, la sala del TSJC rechazó la petición de las defensas de invocar la inviolabilidad parlamentaria. Asimismo, Vox, que ejerce de acusación popular, retiró la acusación de organización criminal, un cargo que podría conllevar de haber sido condenados hasta a 12 años de prisión.

El soberanismo critica que se celebre otro “juicio injusto” Dirigentes de JxCat, ERC y la CUP, junto a decenas de ciudadanos más, se concentraron ayer desde primera hora ante el Superior de Justicia para apoyar a la antigua Mesa del Parlamenty a la exdiputada Mireia Boya, antes del inicio del su juicio bajo el lema No esteu sols. Carme Forcadell criticó la celebración de “otro juicio injusto”.