El juez propone juzgar a CDC, PDeCAT y una treintena de personas por el caso del 3%

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar a CDC, sus exgerentes Daniel Osàcar, Andreu Viloca y el leridano Germà Gordó, su exresponsable jurídico Francesc Xavier Sánchez Vera, así como al PDeCAT, por la supuesta financiación irregular en el conocido como caso del 3%. El magistrado también se dirige contra otras 28 personas físicas y 14 jurídicas (entre ellas las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa) por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El juez pone así fin a una investigación que se inició en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra y que a medida que fue creciendo se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a la “grave repercusión” para la economía española.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con distintos empresarios, pusieron en marcha durante más de una década una estructura para financiar a este partido “ilegalmente y en forma encubierta”.

La investigación judicial arrancó en 2015 a raíz de irregularidades en Torredembarra

En lo más alto de la organización criminal que describe el auto, el juez incluye a Gordó, Osàcar y Viloca, quienes llevaban a cabo un “control” y “seguimiento” de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones de Catalunya, todas bajo la esfera de poder de CDC, e “influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas asociadas a este pacto criminal”. Los tres llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes en las adjudicaciones a dedo y “por supuesto recibían los pagos”.

En un segundo escalón, sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, “alteraron concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las compañías de los empresarios”.

En un tercer nivel habría estado el grupo de empresarios que, “sistemáticamente”, se concertaron con altos cargos de CDC para hacer pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones Catdem y Fundación Fòrum Barcelona.

El magistrado señala a empresas públicas y privadas El magistrado sitúa en el segundo nivel de la trama a personas como el leridano Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat de 2011 a 2016; Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructures.cat de 2011 a 2015; Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona de 2011 a 2018 y exsenador de CiU; o Antoni Vives, ex teniente de alcalde de Barcelona. Cree que el entramado afectó a GISA, ACA, ATLL, REGSA, el Ayuntamiento de Barcelona, TABASA, IFERCAT o Ferrocarrils de la Generalitat, entre otras firmas o administraciones. En el tercer escalón coloca a empresarios como Sergio Lerma, Josep Manel Bassols, Félix Paquina, Jordi Sumarroca, Antonio García Bragado y Joan Maria Pujals, exconseller de Cultura de Pujol, entre otros. El auto del juez incluye a la empresa leridana Benito Arnó y a su director, Joan Albert Arqués. Su abogado anunció ayer que recurrirá el auto y se mostró indignado por conocer el mismo por la prensa, al tiempo que insistió en la inocencia de sus defendidos.