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?PROCÉS? NEGOCIACIÓN

Sánchez baraja convocar la mesa de diálogo con la Generalitat este mes

Aunque la ministra Montero avisa de que no hablarán de la autodeterminación || Moncloa sostiene que el president dificulta la celebración de esta segunda reunión

La primera y única reunión de la mesa de diálogo, liderada por Sánchez y Torra, fue a finales de febrero.

La primera y única reunión de la mesa de diálogo, liderada por Sánchez y Torra, fue a finales de febrero.EUROPA PRESS

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El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, dejó ayer abierta la puerta a que la segunda reunión de la mesa de diálogo “bilateral” con la Generalitat, pactada entre los socialistas y ERC en el acuerdo de investidura de enero, tenga lugar este mes. No obstante, la portavoz de su Gabinete y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó que se vaya a hablar de la autodeterminación y echó la culpa al president, Quim Torra, de que, desde antes de la pandemia, no se haya celebrado ninguna reunión más.

Y es que la Covid frenó en seco las sesiones de la mesa de diálogo, que se iba a volver a reunir en primavera. Tras los meses más duros de la crisis sanitaria, sonó con fuerza julio para que se convocara de nuevo. A este respecto, ERC lanzó un “ultimátum” a Moncloa para que Sánchez no se marchara de vacaciones sin haber celebrado la segunda reunión. Con todo, no se llegó a convocar. Ahora, en el marco de los primeros contactos para negociar los presupuestos generales del Estado de 2021, Sánchez manifestó que “confía” en el apoyo de ERC y se mostró dispuesto a convocar la mesa de diálogo este mes. “Pero no se hablarán de temas que están fuera de la realidad”, apuntó Montero después de que su homóloga en la Generalitat, Meritxell Budó, exigiera negociar sobre la amnistía y la autodeterminación.

Aragonès aboga por elecciones si Torra es inhabilitadoEl vicepresident de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, abogó ayer por ir a elecciones en caso de que el Tribunal Supremo confirme la inhabilitación por desobediencia dictada contra el president, Quim Torra, por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya debido a su negativa de retirar los lazos amarillos de los edificios del Govern antes del periodo electoral de los comicios generales del 28-A del año pasado. Así, apostó por “dar voz a la ciudadanía” para que elija a un nuevo president “en las urnas”, a la vez que descartó designar a un sustituto de entre los diputados del Parlament.

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