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EMPLEO NORMATIVA

Diez años de Reforma Laboral

Actualizada 06/09/2020 a las 08:56
Manifestació a Lleida durant la vaga del 29 de setembre del 2010, contra la reforma de Zapatero.

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© Manifestación en Lleida durante la huelga del 29 de septiembre de 2010, contra la reforma de Zapatero.

AMADO FORROLLA

La semana que viene cumple diez años la reforma laboral aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este aniversario llega en un momento en el que el mercado laboral está condicionado por la pandemia de la Covid y pendiente del compromiso del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos para revisar el marco normativo del empleo en España. La denominada Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo fue la receta de Moncloa para combatir la crisis de 2008. El Congreso de los Diputados la aprobó el 9 de septiembre de 2010 con algunos puntos especialmente polémicos y se tuvo que enfrentar a finales de aquel mes, el día 29, a una huelga general. Y es que los sindicatos criticaron esta reforma laboral porque, a su entender, abarataba los despidos y fomentaba la temporalidad. Diez años después, desde CCOO siguen pensando lo mismo, que la reforma de Zapatero “hacía más fácil y barato el despido y perpetuaba la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, dando mayor poder a los empresarios y cuestiona la negociación colectiva”. Con todo, tampoco la patronal suscribió la reforma socialista por considerarla “insuficiente” para modernizar el mercado laboral español. Dos años después, ya con el Gobierno popular de Mariano Rajoy, se aprobó una nueva reforma laboral, que profundizó aún más en la senda marcada por Zapatero.

Así las cosas, una de las principales novedades introducidas hace diez años fue la posibilidad de que las empresas pudieran despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tuvieran pérdidas, sino también cuando previeran tenerlas, o incluso ante una persistente caída de ingresos. La reforma de 2010 también generalizó el llamado contrato de fomento del empleo. Además, estableció un control mayor sobre los desempleados, que desde entonces pueden ser sancionados si rechazan asistir a cursos de formación, al tiempo que facilitó el despido por faltas al trabajo y rebajó al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.

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