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POLÍTICA ECONÓMICA

El Gobierno baraja penalizar la prejubilación y ERTEs con prestaciones que consuman paro

Actualizada 11/09/2020 a las 08:44

El ministerio de Trabajo mantiene la opción de estos expedientes en caso de rebrote para todos los sectores || Escrivá quiere recortar hasta en un 8% las jubilaciones de quienes dejen de trabajar antes

La reforma del Govern central pretén que s’allargui el període en actiu i es retardi la jubilació.

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© La reforma del Gobierno central pretende que se alargue el período en activo y se retrase la jubilación.

EUROPA PRESS

El Gobierno central planteó ayer a los agentes sociales un borrador para negociar las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del 30 de septiembre, que mantiene la opción en caso de rebrote para todos los sectores pero cuyas prestaciones contabilizarán como periodo consumido a efectos de futura situación de paro. Además baraja recortar hasta en un 8% la pensión de las jubilaciones anticipadas voluntarias y no descarta congelar los salarios de los empleados públicos y funcionarios el próximo año. Estas dos últimas medidas económicas de calado provocaron el rechazo desde Podemos, socio de Gobierno, y de los sindicatos.

Fuentes del diálogo social explicaron que las prestaciones ligadas a la extensión de los ERTEs serían diferentes a la prestación extraordinaria de cuando se aprobó esta figura al inicio de la pandemia, que no tenía periodo de carencia y no consumía paro. La opción planteada por el Gobierno ayer contempla un modelo de “protección diferencial, no sectorial” que, por un lado, mantiene la figura del ERTE en caso de cierres por rebrotes para todas las empresas, sean del sector que sean. Junto a esto se plantea un esquema que busca “concentrar los esfuerzos en los que más lo necesiten”, es decir los sectores especialmente dañados por la pandemia y que aún se mantienen en ERTE.

 


La vicepresidenta Calvo y Calviño y la ministra Montero dan versiones distintas sobre los sueldos

 

En la reunión de ayer se volvió a plantear la necesidad de mantener la cuantía de las prestaciones para los trabajadores que lleven más de 6 meses en un ERTE, quienes las ven reducidas del 70% de la base reguladora al 50% con la normativa actual. El lunes habrá una nueva reunión.

Mientras, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo ayer en Onda Cero que cree que el sistema establecido en España para la jubilación entre los 65 y 67 años es razonable y afirma que los mecanismos de jubilación anticipada voluntaria no están bien diseñados porque hay demasiadas jubilaciones anticipadas. Cree que hay margen para que haya menos jubilaciones anticipadas si los coeficientes de reducciones de la pensión si es una jubilación anticipada sean de facto de un 8% y no de un 2% o un 3% como ahora. Asimismo, consideró que es “una anomalía que los autónomos no coticen por sus ingresos reales” y abogó porque se ajuste a sus rentas. Desde la asociación de autónomos ATA le replicaron que no es momento de subida de las cotizaciones.

Congelar el salario de los funcionarios, una posibilidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, negó ayer que el Gobierno esté estudiando una posible congelación de los sueldos de los empleados públicos, mientras que la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eludieron descartarlo. Las dos ministras económicas recordaron, por separado, que los empleados públicos vieron actualizadas sus retribuciones por encima de la inflación en los últimos años, ganando así, dijeron, poder adquisitivo. Montero añadió que “el país se enfrenta a una situación muy complicada” y que, por ello, debe “estudiar todas las alternativas”. “Los recursos son limitados y estamos trabajando, el ministerio de Función Pública está trabajando en ese entorno, viendo todas las posibilidades posibles”, aseveró. La pérdida de recaudación y el aumento del gasto para combatir la pandemia han situado el déficit público hasta junio -a falta de las corporaciones locales- en el 6,11 % del PIB (68.414 millones de euros).

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