JUSTICIA VIVIENDA
Delgado ordena agilizar el desalojo de los okupas
Será prioritario si afecta a un particular || Pretende impedir que los efectos de los allanamientos de morada se prolonguen
Imagen de archivo de los Mossos frente a una casa okupada.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó ayer una instrucción en la que unifica criterios de actuación frente a delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles e indica a los fiscales cómo actuar para frenar “con la mayor inmediatez” las ocupaciones de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.
La instrucción tiene por objeto que los fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los perjudicados por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en el ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento. Ello debe hacerse “siempre que la medida cautelar sea justificada” y teniendo en cuenta la “situación de especial vulnerabilidad” de los okupas, entre las que cita menores, personas en desamparo o discapacidad.
Deben tener en cuenta “la vulnerabilidad” de los okupas, por ejemplo si son menores o discapacitados
En el documento se detallan cuatro supuestos en los que los fiscales deben pedir a los jueces el desalojo. Para ello, la Fiscal deja claro que el allanamiento se produce respecto a la casa o segunda residencia en las que el dueño desarrolla su vida privada, mientras que la usurpación se refiere a inmuebles que no constituyen la morada de nadie, es decir, que están deshabitadas y vacías. Así, si se incurre en un delito de allanamiento, se pedirá el desalojo en cuanto se aprecien indicios relevantes del delito; es decir, de forma inmediata. Para los casos de viviendas deshabitadas que no estén en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir un uso futuro, “deberá atenderse a la concurrencia de otras circunstancias” para solicitar el desalojo
Esta medida pretende paliar la “preocupación social y sensación de inseguridad” que según Delgado, produce la okupación “no solo a los titulares de los inmuebles ocupados, sino también a los problemas de convivencia con los vecinos”.
