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Varios detenidos en una operación por la financiación del 'procés'

  • ACN
Actualizada 28/10/2020 a las 13:03
L'escorcoll de la Guàrdia Civil a Girona ha tingut lloc a l'avinguda Santa Eugènia

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© El registro de la Guardia Civil en Girona ha tenido lugar en la avenida Santa Eugènia

ACN

La Guardia Civil ha detenido este miércoles por la mañana al empresario y activista gerundense Josep Campmajó, en el marco de la operación contra varios empresarios independentistas. El instituto armado ha registrado su casa y después se lo ha llevado con destino desconocida. Paralelamente, el director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha quedado en libertad con cargos después de ser detenido cuando salía en coche de su casa y trasladado al cuartel de la Guardia Civil en la Travesía de Gracia de Barcelona. Según él, lo investigan por malversación por haber cobrado una factura como asesor en un simposio del Fòum Internacional de Crans Montana (Suiza) junio del 2019 en la cual asistió Puigdemont.

Por su parte, David Madí, excargo de CDC, habría sido conducido desde su casa de Sant Quirze del Vallès hasta la sede de la empresa Aigües de Catalunya, que dirige, en el Paseo de Gracia de Barcelona. También están detenidos el resto de investigados por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, entre los cuales hay los empresarios igualadinos Oriol Soler, Toni Fusté y Roc Aguilera; el presidente de la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas, Xavier Vinyals; Xavier Vendrell, exalto cargo de ERC; Jordi Serra, interventor de Presidencia durante el mandato de Puigdemont; Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar; Pilar Contreras, directora general de centros privados y concertados de la Generalitat; y Marta Molina, también vinculada a ERC y profesora de instituto.

La investigación deriva de una causa por supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades próximas a CDC, y ahora se investiga si parte de este dinero se destinó a financiar actos soberanistas e incluso del Tsunami Democràtic. Por eso, la causa está abierta por prevaricación, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y desórdenes públicos.

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