Con una amplia mayoría pero entre críticas de la oposición por su gestión || La medida podrá decaer en marzo y Sánchez deberá comparecer cada dos meses
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© Sánchez dejó en manos de Salvador Illa la defensa del decreto.
EFEEl Gobierno logró ayer en el Congreso sacar adelante con un muy amplio apoyo parlamentario la prórroga de estado de alarma durante un periodo de seis meses, aunque dejó abierta la posibilidad de que la medida pueda ser levantada en marzo, en función de la evolución de la pandemia. Esta última opción fue aprobada a través de una propuesta de resolución presentada por ERC en la que también se obliga al presidente Pedro Sánchez a rendir cuentas cada dos meses de la aplicación del estado de alarma, en paralelo a la intervención mensual del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Este decreto pretende actuar como paraguas constitucional para que los presidentes autonómicos adopten las medidas y restricciones de movilidad necesarias para lograr ganarle el pulso a esta segunda ola de la pandemia. Además, al haber autorizado una prórroga de seis meses, el Gobierno evitará que el estado de alarma deba someterse a votaciones periódicas como sucedió con el primero, que se alargó en seis ocasiones.
La prórroga contó con el apoyo de 194 diputados de PSOE, Unidas Podemos, Cs, Más País-Equo, Compromís, ERC, PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y los cuatro diputados del PDeCAT. Hubo 53 votos en contra,(Vox y Foro Asturias), mientras que el PP se abstuvo, al igual de Bildu, JxCat, la CUP y UPN, sumando 99 abstenciones. Pese a esto, todos los grupos parlamentarios aprovecharon el debate para lanzar duras críticas contra la gestión del Ejecutivo y la falta de control parlamentario.
El debate, que empezó con Illa defendiendo que los datos epidemiológicos actuales reclaman el endurecimiento de las medidas ante la llegada de “un invierno muy largo”, continuó con un reclamo a la unidad política para hacer frente a la pandemia. En su réplica el líder popular, Pablo Casado, explicó que no vota en contra para no dejar a las comunidades autónomas sin instrumento jurídico, pero dejó claro que no apoya ni su duración,ni su contenido ya que le parece “un atropello jurídico”. Por su parte, la líder de Cs, Inés Arrimadas, acusó al Gobierno de pasar la responsabilidad a las comunidades para que la imagen de Sánchez no se desgaste. Por el contrario, la portavoz de JxCat, Laura Borràs, reivindicó el traspaso de todas las competencias de gestión de la pandemia a la Generalitat. Mientras, la CUP exigió la aplicación también de medidas sociales. Finalmente, los dipitados de Vox aseguraron que Fernando Simón debería estar en prisión por la gestión de la pandemia.
