ECONOMÍA POLÍTICA
Trabajo se impone y asegura que el SMI se incrementará el próximo año
Pese a las reticencias de la patronal y diversos miembros del Gobierno, que advierten de la medida en plena crisis || El cálculo de las pensiones, origen de otra polémica
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer durante un acto en las Islas Canarias.
Las tensiones en el seno del Gobierno de coalición volvieron ayer a hacerse visibles tras el encuentro entre el ministerio de Trabajo con los agentes sociales para tratar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al año que viene. La patronal y diferentes voces dentro del Gobierno consideran que no hay margen para subidas que ahoguen más a las empresas en plena crisis, pero los sindicatos rechazan la congelación.
Pese a las presión, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó tras el encuentro que el Gobierno no congelará el SMI y abrió la puerta a tirar a delante esta subida sin contar con el aval de todos los interlocutores sociales. Según el número dos de Trabajo, la falta de apoyo unánime a la mesa de negociación “no puede impedir que el Gobierno cumpla con las iniciativas” y dejó claro que “un escenario de congelación o bajada” del SMI, que ahora es de 950 euros, es “absolutamente descartable”. Durante el encuentro, la patronal se mostró partidaria de congelar el Salario mínimo e incluso, según señaló Pérez Rey, de rebajarlo.
Por su parte, los sindicatos, que celebraron la intención, pidieron tener una propuesta concreta, puesto que el secretario de Estado no fijó una horquilla de subida y se limitó a apuntar referencias como la inflación esperada o el aumento de productividad previsto, que movería el SMI entre un 0,9% y un 2,5%. Para UGT se debería aumentar un 5% hasta los 1.000 euros, mientra que desde CCOO afirmaron que no aceptarán un incremento inferior al 1,8%. El Ejecutivo volverá a convocar a las partes el próximo lunes y espera que la patronal reconsidere su posición.
La subida del SMI no es lo único que mantiene enfrentado a PSOE y Podemos. El posible incremento del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años que el ministerio de Seguridad Social estudia incluir en la reforma del sistema público también ha provocado una brecha en el Ejecutivo de coalición. En la práctica supondría bajar las prestaciones. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, criticó que se aireen las discrepancias y pidió “discreción” en las negociaciones de temas tan trascendentales.
