Las urnas, el 30 de mayo

Las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero se aplazan, finalmente, al 30 de mayo ante la situación de la pandemia. La decisión fue adoptada ayer por consenso de los partidos, salvo el PSC, y ratificada por el Consell Executiu. El Govern ve el aplazamiento como la mejor opción porque mantener el 14F suponía un “riesgo inasumible”.

El vicepresident en funciones de president de la Generalitat, Pere Aragonès, firmó ayer el decreto por el que el Govern pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero. La decisión se ha tomado en base a los datos epidemiológicos que, según el Executiu, desaconsejaban mantener la fecha electoral, aunque en los últimos días ha habido un cruce de acusaciones entre partidos que aseguraban que el aplazamiento responde a los resultados que arrojan las encuestas y no a los evolución del virus.

Una vez acordado por todas las formaciones que las elecciones no iban a celebrarse el 14 de febrero, el debate en la Mesa de Partidos reunida ayer por la mañana giró en torno a cuándo deberían tener lugar y en la reunión Aragonès trasladó al resto de formaciones la posibilidad de hacerlas el 30 de mayo.

Habrá que esperar al menos hasta el mes de julio para que Catalunya tenga un nuevo Govern

La decisión fue acogida con buenos ojos por la mayoría de partidos, excepto por los socialistas, que no querían aplazarlas más allá del 14 o 21 de marzo, y por el PDeCAT, que pedía celebrarlas el entre 25 de abril y el 15 de mayo. El consenso no impidió que la oposición reprochara al Govern falta de previsión y exigiera medidas para que no se tengan que volver a posponer.

Ahora la discusión en los próximos días se centrará en los aspectos técnicos del aplazamiento y las nuevas elecciones, es decir, si cambiará el censo, si se podrán modificar las candidaturas, si se podrán recoger avales para que se presenten nuevos partidos o si el voto por correo se deberá volver a solicitar. El Govern está estudiando la posibilidad de convalidar algunos de los trámites ya realizados, como las candidaturas presentadas o los avales recogidos por los partidos nuevos, aunque necesitará el aval de la Junta Electoral Central (JEC), y previsiblemente las listas podrán modificarse y se podrán presentar nuevas formaciones. El PSC advierte que aplazar los comicios no puede suponer cambiar las reglas del juego, dice, con lo que planea sobre el calendario la amenaza de una posible impugnación.

Aragonès compareció ayer ante los medios junto con la consellera Meritxell Budó y defendió que mantener las elecciones el 14 de febrero suponía un “riesgo inasumible” a nivel sanitario y afectaría a la participación electoral. Considera que la nueva fecha es la mejor opción tanto para luchar contra la pandemia como para garantizar que todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho a voto.

Felicitó al resto de grupos parlamentarios por haber llegado a un consenso unánime sobre la necesidad de aplazar las elecciones, y advirtió: “No contribuyamos a confundir más a la ciudadanía, por puro cálculo electoral. Seamos responsables y estemos a la altura de las dificultades del momento”.

El vicepresident afirmó que el Govern comparecerá periódicamente en la Diputación Permanente del Parlament para rendir cuentas sobre su gestión hasta la jornada electoral. Todo, teniendo en cuenta que la Cámara permanecerá otros tres meses y medio sin plenos. Aragonès aseguró que la prioridad del Govern es salvar vidas, preservar el derecho al voto y centrarse en la pandemia.

Por su parte, Budó dijo que en los próximos días informarán de cómo se configurará el calendario electoral, pero ya avanzó que, según ella, es evidente que se deberá modificar el censo electoral.

Meses para el indulto y el suplicatorio de Puigdemont Estas elecciones son el resultado de la negativa de los partidos para investir a un president que sustituyera a Quim Torra, inhabilitado por la Justicia española por no retirar la pancarta reclamando la libertad de los presos del 1-O. Son las quintas elecciones catalanas en 10 años, ya que después de los comicios de 2010 Artur Mas adelantó las elecciones en 2012; tras la consulta popular del 9N de 2014 volvió a adelantarlas en 2015 para presentarlas como un plebiscito de la independencia y tras el 1-O y la intervención del autogobierno catalán con el 155, el Ejecutivo de Mariano Rajoy convocó las de 2017.