Amnistía Internacional denuncia que la prohibición de manifestaciones el 8-M en Madrid "viola el derecho de reunión pacífica"

La prohibición generalizada de las concentraciones y manifestaciones con motivo del 8-M en Madrid es una limitación "desproporcionada" del derecho de reunión pacífica.

Es la opinión de Amnistía Internacional después del anuncio de la Delegación de Gobierno de Madrid de no permitir los 104 acontecimientos de este tipo previstos para los días 7 y 8 de marzo aduciendo, principalmente, motivos de salud pública.

La oenegé admite que el Derecho Internacional de los derechos humanos reconoce en el argumento de la salud un motivo para limitar manifestaciones, pero subraya que, en todo caso, se tiene que hacer un análisis "caso por caso", previendo medidas para prevenir contagios, "sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad".

En opinión de Amnistía Internacional, las prohibiciones de manifestaciones o protestas públicas "tienen que ser una opción de último recurso y sólo basada en una necesidad urgente", ha indicado al director de la entidad, Esteban Beltrán.

La oenegé no cuestiona las restricciones en el ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia, pero recuerda que cualquier medida que recorte libertades y derechos humanos "tiene que cumplir estrictamente con el criterio de proporcionalidad y necesidad".

También advierte que la prohibición general de manifestaciones es "contraria al derecho de reunión pacífica".