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?PROCÉS? JUSTICIA

Puigdemont recurre la pérdida de su inmunidad

Junto a Comín y Ponsatí ante el Tribunal General de la UE|| Aplazan el juicio a los mossos que lo acompañaron a Alemania

Comín, Puigdemont y Ponsatí en una comparecencia en Bruselas.

Comín, Puigdemont y Ponsatí en una comparecencia en Bruselas.ACN

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Los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han recurrido ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) la decisión del Parlamento europeo de suspender sus respectivas inmunidades parlamentarias. Esta medida fue reclamada por el Tribunal Supremo para que los tres pudieran ser extraditados y juzgados en España por su papel en el procés. Por ahora, la defensa no quiso detallar las alegaciones concretas que han hecho frente al TUE, pero confirmaron que han pedido también medidas cautelares para restablecer la inmunidad a los tres independentistas mientras se resuelva el recurso.

El 9 de marzo, la Eurocámara aprobó el suplicatorio contra el expresidente y los dos exconsellers con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. Ese mismo día Puigdemont, Comín y Ponsatí anunciaron que impugnaría esa decisión ante los tribunales de la UE por las irregularidades cometidas en el procedimiento de tramitación del suplicatorio en la Eurocámara, como por ejemplo la aprobación del informe de Ponsatí con errores sobre los delitos que se le atribuyen. Las defensas de los tres ya trasladaron el caso ante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Puigdemont, Ponsatí y Comín piden recuperar la inmunidad mientras se resuelve el recurso

Por otro lado, el juicio contra los dos Mossos d’Esquadra que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en primavera de 2018, que estaba previsto que se iniciara el lunes en la Audiencia Nacional, se aplaza sine die debido a la enfermedad de un familiar de una de las defensas. La fiscalía pide para cada uno tres años de cárcel por un delito de encubrimiento.

El PSOE abogó ayer por derogar la reforma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015 para dar al Tribunal Constitucional (TC) la capacidad de hacer cumplir sus sentencias, en el contexto procés, unos poderes que el PSOE considera “exorbitantes”. Sin embargo, defendieron que el TC mantenga el control sobre los estatutos de autonomía.

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