CONGRESO LEY RIDER
El Congreso aprueba la 'Ley rider' que da tres meses a las plataformas para contratar a sus repartidores
El texto prospera con el apoyo del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT y CUP y la oposición de PP, Vox y Cs
Imagen de archivo de un repartidor de Glovo en Lleida.
El Congreso ha dado luz verde este jueves a la 'Ley rider' que establece que los repartidores de las plataformas digitales son personal 'laboral'.
Durante el debate, el texto ha contado con el apoyo del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, Bildu, CUP, Más País y Compromiso, entre otros, mientras que el PP, Vox y Cs ha votado en contra.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que esta es una norma "pionera internacionalmente" que quiere ser "un cambio de paradigma social" para adaptar el derecho a trabajar al SXXI y a las nuevas relaciones laborales en las plataformas. "Las personas tienen derecho a saber quién adopta las decisiones que las afecta aunque el jefe se esconda detrás de un logaritmo", ha afirmado.
El texto, que se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo, fija que los sindicatos tendrán que ser informados de los algoritmos que pueden afectar a las condiciones laborales de los trabajadores. La ley partió de un acuerdo del gobierno español con los sindicatos y la patronal y entrará en vigor dentro de tres meses, de manera que las empresas del sector como Glovo, UberEats o Deliveroo tendrán hasta agosto para regularizar la situación de los repartidores.
La ley se aplica a las plataformas de reparto, y por lo tanto no se limita a las que ofrecen comer a domicilio. En septiembre del 2020 el Tribunal Supremo ya emitió una sentencia fruto de un recurso de los repartidores de Glovo que establecía que los repartidores de estas plataformas tienen una relación laboral con la empresa, y no se los puede considerar autónomos.
Establece que las empresas tienen que dar transparencia a los logaritmos que utilizan que inciden en las condiciones de trabajo.Según Díaz, la ley "se integra en la filosofía y los compromisos marcados en el plan de recuperación" y sitúa el estado entre los países que más rápidamente han respondido a las nuevas maneras de producir y trabajar. "Los logaritmos no son entes incuestionables, sino que los hayan diseñado, y sus criterios tienen que ser transparentes porque pueden ser discriminatorios e ir en contra de los objetivos pretendidos por la legislación laboral", ha afirmado la ministra.
El texto ha contado con el apoyo del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Bildu, Más País y Compromiso, mientras que PP, Vox y Cs se ha opuesto. Paralelamente un centenar de repartidores próximos a las posiciones de las plataformas se han concentrado en las puertas del Congreso para reclamar que se mantenga la condición de autónomos de estos trabajadores.
