Moncloa acepta que Díaz lidere la reforma laboral, pero exige más presencia socialista

Moncloa aceptó ayer que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sea la que lidere los trabajos para la reforma laboral “en el seno” de la mesa del diálogo social, pero defendió que debe de haber presencia en ella de la parte socialista del Gobierno y que se ha de buscar una metodología de coordinación de los diversos ministerios implicados. Esto, pero, no acaba de convencer a la formación morada que insiste en que o importante no es la metodología de la negociación, sino el contenido, que asegura debe ser consensuado. Después de que el PSOE y Unidas Podemos no lograran el lunes un acuerdo en la mesa de seguimiento de su pacto de coalición en relación con esa reforma, ambas partes lanzaron un día después mensajes en los que rebajan el enfrentamiento y apuntan a que el objetivo es el consenso.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuya actitud de “injerencia” ante esta reforma, según Podemos, desató el pasado viernes las discrepancias en el seno del Ejecutivo, asumió públicamente el liderazgo de Díaz en la negociación afirmando que “no tiene ningún inconveniente” en que así sea. Con todo, insistió en que es imprescindible la coordinación entre ministerios y en que se está hablando sobre la metodología que se ha de seguir. En estos mismos términos se pronunció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que destacó que también es importante que al acuerdo se sumen tanto los sindicatos como la patronal.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró a Bruselas que la reforma laboral contará con el visto bueno de la CEOE, que no ve bien la derogación que pide Podemos. Al contrario que Calviño, la titular de Trabajo aseguró que las tensiones abiertas en el seno del Gobierno por la reforma laboral no son por la “metodología”, sino por los contenidos. Díaz explicó que ha pedido al Gobierno reabrir un debate para delimitar el contenido de la reforma, que pensaba que “estaba cerrado”, porque los socios PSOE y Podemos ya habían abordado estas cuestiones en dos ocasiones antes de remitir la propuesta a la Comisión Europea, dentro del plan de reformas para obtener los fondos europeos de recuperación.

Asimismo, desde la formación morada insistieron en apartar a Calviño de la negociación asegurando que “no van a poner al lobo a cuidar de las ovejas”. “Cuando la señora Calviño dice que trabajará para lograr una reforma equilibrada, se dirige fundamentalmente a la patronal y para eso ya estaba la señora Fátima Báñez (exministra de Trabajo del PP)”, advirtió el socio minoritario del gobierno, que insiste en que la reforma laboral de 2012 debe derogarse en su totalidad y no solo “tumbar” las partes más lesivas como defiende el PSOE

Díaz pide al PSOE una nueva reunión para concretar el contenido de la reforma laboral

El Govern ve insuficiente la normativa y avisa que la recurrirá ante el TC si invade sus competencias

El Consejo de Ministros dio ayer su primer visto bueno al anteproyecto de ley de la Vivienda, que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a grandes tenedores. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendió que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de “considerarse atractivo”.

A partir de ahora, la norma deberá pasar el trámite parlamentario en el que podría sufrir modificaciones. El texto, entre otras cosas, deja en manos de las autonomías la posibilidad de pedir que se declaren zonas tensionadas en sus territorios durante tres años. En estas zonas los grandes tenedores, propietarios jurídicos con más de diez viviendas, tendrán que bajar los alquileres en función de un índice aún por determinar.

En paralelo, los pequeños tenedores tendrán que congelar precios y tendrán beneficios fiscales si los reducen. Los arrendatarios también podrán solicitar una prórroga de contrato sin que varíen condiciones. Aparte, la ley incluye una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida y define un impuesto para las viviendas vacías a través de un recargo del IBI de hasta el 150%.

El Govern de Catalunya, que ve la ley “insuficiente” en comparación con la catalana y ya avanzó que la recurrirá si invade competencias. Las entidades que defienden el derecho a la vivienda también creen que la nueva norma se queda corta.

Los sindicatos rechazan dar marcha atrás en las negociaciones

Las discrepancias en el Gobierno de coalición están causando preocupación entre los sindicatos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió ayer que no aceptará como “preliminares” las negociaciones sobre la reforma laboral llevadas a cabo hasta ahora, sino como un punto de partida, y rechazó cualquier “derecho de veto” de la patronal CEOE. “Me preocupa que perdamos un tiempo valioso sin avanzar más en la negociación por razones que no son fáciles de entender”, dijo, para pedir a continuación al Ejecutivo que “decida quien representa al Gobierno porque la negociación es con el Gobierno”.Álvarez también calificó de “acto de traición” hacia el Parlamento español el anuncio del presidente del PP, Pablo Casado, de que acudirá a las instituciones europeas para evitar la derogación de la reforma laboral. El líder del principal partido de la oposición volvió ayer a cargar contra el Gobierno, a quien acusó de “mentir” tanto a España como a Bruselas con la reforma laboral.

Alberto Rodríguez pide la suspensión de su condena

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez solicitó ayer ante el Tribunal Supremo la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que le condenó por pegarle una patada a un policía a los efectos de no privarle de la tutela judicial efectiva. Mientras, Podemos volvió a pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, la socilaista Meritxell Batet.