EDUCACIÓN POLÍTICA
Conversaciones a contrarreloj para un acuerdo en defensa del catalán
Las discrepancias entre Junts y PSC siguen frenando el consenso sobre una nueva ley || Los partidos negocian al límite para poderla incluir en el pleno de mañana
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El plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25 % de castellano acaba en una semana, el próximo día 31. Por eso PSC, ERC, Junts, y comuns se apresuran en llegar a un acuerdo que les permita sacar adelante una ley en defensa de la inmersión lingüística. La intención era cerrarlo ayer para llevarlo al registro del Parlament y aprobarlo en el pleno de mañana.
No obstante, las discrepancias dilataron este trámite, que podría llevarse a cabo hoy si logran ponerse de acuerdo. Pese al optimismo de ERC y comuns de que lograrían llegar a un consenso en horas, las diferencias entre PSC y Junts retrasó esa opción. El portavoz de Junts, Josep Rius, insistió ayer en que la nueva ley ad hoc no debe incluir cuotas y tiene que proteger a los profesores y directores de los centros.
Además reiteró que no tocarán la Ley de Política Lingüística. Así, defendió que la propuesta en la que trabajan y la única que darán por válida mantiene el catalán como lengua vehicular en la enseñanza y “no aporta más presencia del castellano de la ya prevista en el ordenamiento jurídico vigente”. Señala también que el responsable de aprobar el proyecto lingüístico de cada centro sea el departamento de Educación.
Por su parte, la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, condicionó un eventual nuevo acuerdo a que este incluya la consideración del castellano “como lengua de aprendizaje, y por tanto, vehicular”. Es por este motivo que insistió en que el acuerdo para reformar la Política Lingüística- del que se descolgó Junts-, que figuraba incluir el castellano como lengua de aprendizaje, es el más idóneo. También reclamó que “ayude a cumplir las sentencias judiciales, y no a esquivarlas”.
Con todo, un posible acuerdo no puede dilatarse mucho más, puesto que, si algún partido contrario quiere impugnarlo en el Consell de Garanties Estatutàries, esto paralizaría una semana la votación. Y el límite fijado es el día 31.
