Cuando la administración incumple la ley
Un ciudadano que se olvide, sin ninguna mala fe, de incluir en su declaración de la Renta un pequeño ingreso verá cómo Hacienda le aplica un recargo y posiblemente también le multará. No hay nada que objetar, porque se limita a aplicar la legislación vigente. Ahora bien, ¿quién sanciona a la administración cuando es esta la que vulnera la normativa y los afectados no la llevan a los tribunales porque no les sale a cuenta? Esta pregunta obedece al hecho de que distintos departamentos de la del Estado y, en menor medida, otros de la Generalitat, incumplen de forma sistemática y flagrante la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones que entró en vigor en 2016, hace ya nueve años. Una de sus disposiciones establece que los ciudadanos tienen derecho a no presentar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración y deja claro que deberán ser estas las que recaben directamente esta documentación a través de consultas online entre ellas. Pues bien, la realidad es que organismos como la Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Hacienda, o los departamentos de Servicios Sociales o de Salud de la Generalitat, entre otros, reclaman cada día a cientos de ciudadanos que presenten un certificado de empadronamiento para diferentes trámites, haciéndoles perder tiempo y el dinero que cuesta este documento, a la vez que obligan a los empleados de otras instituciones a asumir el trabajo que no hacen los suyos. Tal como informamos hoy, el ayuntamiento de Lleida expide una media de 244 de estos certificados al día, la gran mayoría a personas que necesitan presentarlos a otras administraciones, y seguro que sucede lo mismo en otros municipios, aunque la cifra sea sensiblemente menor porque su población también lo es. Además, en el caso de la Oficina de Atención Municipal de la capital contribuye a masificar el servicio que presta. La única opción que tienen los ciudadanos ante una vulneración de la ley por parte de los poderes públicos es denunciarla ante los tribunales. Sin embargo, en este caso resulta inviable, a menos que sea un abogado el que lo haga directamente, porque el perjuicio económico es mínimo y el coste que representan los trámites judiciales es muy alto. Nueve años después de la entrada en vigor de esta norma, no debería haber ninguna excusa para que todas las administraciones se pongan las pilas de una vez y mejoren el acceso a sus respectivas bases de datos para poner fin a esta situación. Los responsables políticos tienen la obligación de dar ejemplo en el cumplimiento de la ley y evitar trámites innecesarios a particulares y empresas. Por poner solo un ejemplo que resulta muy ilustrativo, resulta sonrojante que Hacienda obligue a un contribuyente a presentar un certificado de empadronamiento cuando los borradores del IRPF constatan que tiene acceso a todos nuestros datos.
