El número de viviendas en el Pirineu crece un 40% en los últimos 25 años, la mayoría segundas residencias

El Alt Pirineu i Aran ha tenido un crecimiento del 40% del parque de viviendas en el primer cuarto de siglo, y se sitúa como el ámbito territorial de Catalunya con más incremento.

Cabe decir que un 57,23% de las 72.955 viviendas que había en el 2021 correspondían a segundas residencias, según datos del censo del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En comparación con dos décadas antes, la cifra de viviendas no principales en el At Pirineu y Aran suponía un 41,06%.

Por comarcas, en la Val d'Aran es donde más peso suponen las segundas residencias, con un 64,35% del total; seguido de la Cerdanya con un 63,26% y del Pallars Sobirà, donde las viviendas no principales son un 62,22%. Con respecto a la Alta Ribagorça, suponen un 60,59% y en el Pallars Jussà un 52,77%. La comarca donde menos peso tienen las segundas residencias es al Alt Urgell, con un 42,32%.

La cifra de viviendas familiares no principales se ha casi duplicado en veinte años en el Alt Pirineu i Aran, pasando de los 21.309 del año 2001 a los 41.753 en el 2021. Mientras tanto, los que son de uso habitual han crecido cerca de un 30%, de los 24.014 del 2001 en los 31.202 del año 2021.

Algunos de los municipios donde el peso de las segundas residencias es más elevado son Naut Aran (Val d'Aran), donde el 83,38% (3.969) son viviendas no principales; Alt Àneu (Pallars Sobirà), con un 76,39%; y la Vall de Boí (Alta Ribagorça), con un 74,76%. Las tres localidades tienen en común que se encuentran junto a alguna estación de esquí: Baqueira Beret en la Val d'Aran y el norte del Pallars Sobirà y Boí Taüll al Alta Ribagorça.

La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de vecinos y administraciones en toda Catalunya. En el caso del Alt Pirineu i Aran, aparte del encarecimiento de precios en el alquiler, hay un problema de falta de oferta de pisos.

Por este motivo, varios responsables municipales ven necesario poder ampliar el parque de viviendas con el objetivo de mantener la población y dinamizar el territorio. Otras propuestas exigen fomentar la rehabilitación y activar edificios en desuso y que, a menudo, se encuentran en mal estado.

Ninguna nueva construcción en Josa i Tuixén en 25 años

En Josa i Tuixén (Alt Urgell), un municipio de poco más de un centenar de habitantes donde no se ha ido nueva construcción en este primer cuarto de siglo, hay demanda por parte de varias familias que se quieren instalar en el pueblo.

Su alcaldesa, Marta Poch, asegura que "las zonas que hay para desarrollar son inviables". Así, detalla que aunque hay promotores que están interesados en construir viviendas junto al casco antiguo no lo hacen por los elevados costes. "Continuamos una vez más sentenciados a qué nuestro pueblo no pueda crecer en vivienda", concluye Poch.

La alcaldesa pide que se ponga en marcha la iniciativa de tener un Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) adaptado a la realidad del ámbito rural. En su caso, la normativa vigente es del 2013 y ha quedado "completamente desfasada con las necesidades actuales". Además, afirma que elaborar otro POUM les supone un gasto de 100.000 euros durante 4 o 5 años, hecho que para un ayuntamiento pequeño como este es "inviable".

Por su parte, el gerente de la Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), Albert Puigvert, defiende la necesidad de poner en marcha "un sistema más ágil, más efectivo y más rápido" a la hora de elaborar el POUM y asegura que esta flexibilización de la normativa es "urgente".

Además, considera que tiene que ser más fácil que las masías puedan ser plurifamiliares, sin tener que tener aprobado un catálogo o un plan especial para modificar una gran construcción. Finalmente, propone más "incentivos" para poder movilizar la vivienda vacía.

Sobre esta cuestión, la directora general de Urbanismo, Elisabet Cirici, afirma que se está trabajando para introducir una modificación legal que permita buscar una fórmula para que se pueda tramitar un POUM de una forma más ágil en municipios que sean considerados "de escasa complejidad". El objetivo es facilitar que puedan hacer crecimientos "adecuados al tamaño del municipio". Todo, añade, forma parte del espíritu de la ley del Estatuto de municipios rurales, aprobada este julio pasado.

De hecho, el desarrollo "sostenible" es uno de los aspectos que se recoge a la Ley de Urbanismo del año 2002. En este sentido, desde la Generalitat se aprobó en el 2020 un plan director de suelos no sostenibles al Alt Pirineu. Cirici explica que algunos aspectos que se tuvieron en cuenta era que los terrenos no tuvieran una pendiente de más de un 20%, estuvieran en zonas inundables o que paisajísticamente fueran inadecuados, entre otros.

Programa de arraigo y equidad territorial

Desde el Departamento de Territorio también se ha puesto en marcha el programa Arrelament, que tiene como objetivo la fijación de población, la equidad territorial y la igualdad de oportunidades en varios sistemas urbanos que han perdido población en este cuarto de siglo. Así, en primer lugar, se hace un estudio de diagnóstico para, posteriormente, ejecutar las actuaciones que se deriven. Actualmente, en la comarca del Alt Urgell se está haciendo un inventario de viviendas vacías a los sistemas urbanos de Organyà y Oliana.

Con respecto al Pla 50.000, en el ámbito del Alt Pirineu i Aran se han presentado 24 solares con un potencial para construir 630 viviendas. Los promotores que lo hagan contarán con ayudas en forma de créditos del Institut Català de Finances (ICF) y subvenciones a la explotación, con el fin de garantizar que con alquileres asequibles se puede recuperar la inversión a medio y largo plazo.

Finalmente, se ha anunciado que, próximamente, se abrirá una convocatoria de ayudas para favorecer la vivienda a los municipios rurales, con un reconocimiento de la especificidad de los núcleos de alta montaña. Esta contará con una inversión de 5 millones de euros.

Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran

Con el fin de abordar estos retos, en el 2020 se creó un grupo de trabajo con técnicos de los consejos comarcales y del Aran, el cual creció posteriormente con otros agentes vinculados a las políticas de vivienda. Con todos ellos se constituyó, a finales del año 2022, la Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran, con el objetivo de trabajar de forma coordinada.

La secretaria técnica de este organismo, Sílvia Rodríguez, explica que se ha dado asesoramiento jurídico a varios ayuntamientos para ayudarlos a adaptarse a las nuevas normativas y regulaciones, como ahora, las de las viviendas de uso turístico.

La mesa se impulsó desde el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), que elaboró un estudio de la percepción de los entes locales sobre el acceso a la vivienda. Este concluyó que, para el 90% de los municipios que participaron, este era "uno de los problemas importantes y prioritarios" que había que afrontar y, además, que había que establecer "líneas de trabajo adaptadas a la realidad de la montaña".