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POLITICA

El Europarlamento frena la aprobación del pacto con Mercosur al llevarlo ante la Justicia

Aunque la Comisión baraja la aplicación provisional del acuerdo comercial para plantar cara a los aranceles de Trump. La propuesta de la izquierda europea sale adelante por diez votos de diferencia

Los tractores tomaron la autovía en Fondarella a principios de mes para intentar frenar el acuerdo con Mercosur. - JOAN GÓMEZ

Los tractores tomaron la autovía en Fondarella a principios de mes para intentar frenar el acuerdo con Mercosur. - JOAN GÓMEZ

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Jarro de agua fría y victoria payesa sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El pleno del Parlamento Europeo acordó ayer por una diferencia de apenas diez votos denunciar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. En la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto y lo puede retrasar hasta 2 años, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea. La propuesta promovida por la izquierda salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que decayó una segunda iniciativa similar avalada por la ultraderecha.

“Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo”, dijo la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry. Desde el Partido Popular Europeo, su portavoz para asuntos comerciales, Jörgen Warborn, criticó la decisión por considerar que responde más a razones “políticas” que legales, en un intento por “bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia”.

El TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación como el acuerdo interino comercial, cuya competencia recae en exclusiva en la Unión Europea, por lo que la Eurocámara esperará a conocer la posición del Tribunal con sede en Luxemburgo antes de someter a votación de su pleno la aprobación o no del acuerdo, aunque nada impide a los eurodiputados avanzar en los trabajos de análisis.

Aunque queda en suspenso el proceso de ratificación del acuerdo, formalmente la Comisión puede aún seguir adelante con la aplicación provisional de la parte comercial, según fuentes europeas, una vez que al menos un país del lado de Mercosur complete su proceso interno de adopción. De hecho, ya trabaja en esta aplicación provisional, según la vicepresidenta, Teresa Ribera.

En el seno de los 27, disparidad de opiniones. Alemania, gran valedor del pacto, lamentó la votación del Europarlamento, mientras Francia lo celebraba y podría entrar hoy en los debates de la cumbre europea.

Satisfacción de los payeses, que llaman a movilizarse

Las organizaciones agrarias se mostraron ayer exultantes con la decisión del europarlamento, pero llamaron a mantener las movilizaciones para conseguir frenar definitivamente el acuerdo comercial con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Insisten en que llevarlo adelante supone competencia desleal con países con menores costes y con normativas más laxas para producir, desde fitosanitarios a hormonas en la carne, aseguran. Por ello, llaman a mantener las movilizaciones en las calles para conseguir frenarlo definitivamente. Consideran que se usa el campo como moneda de cambio para que la industria europea pueda vender más al otro lado del Atlántico pese a arruinar al sector primario. Unión de Uniones, de la que forma parte UP, calificó el resultado de las votaciones de una “pequeña victoria”, destacando que “el pulso mantenido ha tenido sus frutos” y confiando en que este sea “el primer paso para poder frenar el acuerdo UE-Mercosur”. JARC celebró el “freno histórico” a Mercosur y advirtió que no permitirá una aplicación provisional. Consideró que “es un paso relevante, pero no nos pararemos”. Asaja también aplaudió el freno al acuerdo e hizo un llamamiento al Gobierno para que defienda al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas.

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