MEDIO AMBIENTE DEYECCIONES GANADERAS
La ACA amplía las restricciones para autorizar nuevas granjas en 125 municipios de Lleida
Veta desde 2016 construir y ampliar grandes explotaciones a menos que traten los purines o los trasladen fuera de las zonas vulnerables || Una medida que aplicará a partir de ahora a otras más pequeñas
Imagen de archivo de la planta de purines de Alcarràs, una de las que está a la espera de reabrir.
La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ampliará las restricciones a la hora de autorizar nuevas granjas y ampliaciones de las ya existentes en los 125 municipios de Lleida declarados zona vulnerable a la contaminación por nitratos. El organismo de la Generalitat ha vetado desde hace dos años proyectos para explotaciones de gran tamaño en estas localidades, a menos que sus promotores incorporen tratamientos para las deyecciones o las trasladen fuera de las zonas vulnerables. Ahora también aplicará esta medida a granjas de menor tamaño.
La restricción de la ACA se aplicaba hasta ahora a granjas de más de 2.500 cerdos de engorde o más de 750 madres (las incluidas en el anexo I de la ley catalana de prevención y control ambiental). Sin embargo, este organismo ha presentado a principios de este mes ante la Ponencia Ambiental de la Generalitat unos nuevos criterios, que rebajan el límite a proyectos a partir de 2.000 cabezas de ganado porcino e incluso menos. En el caso de explotaciones por debajo de esta cifra, la obligación de trasladar los purines fuera de la zona vulnerable o tratarlos se aplicará solo a las proyectadas en espacios con figuras de protección y que deban someterse a declaración de impacto ambiental (DIA).
El decreto de fertilización de la Generalitat lleva más de dos años en trámite y no se aprobará hasta 2019
La voluntad de limitar la aplicación de purines en zonas vulnerables llegó tras un toque de atención de la UE, que constató hace dos años que la situación de las aguas subterráneas apenas había experimentado mejoras en cuanto a contaminación por nitratos en las últimas dos décadas. La ACA apuntó que, desde entonces, las nuevas explotaciones ganaderas suponen solo un 1,3% de los nitratos generados por este sector. Sin embargo, esta medida ha sido criticada desde sus inicios por organizaciones agrarias como Unió de Pagesos (UP), que cuestionan el hecho de que se apliquen restricciones severas a la construcción y ampliación granjas sin que estén amparadas por leyes y decretos, al considerar que esto supone incertidumbre e inseguridad jurídica para los ganaderos.
Entre tanto, el futuro decreto de fertilización de la Generalitat, que deberá establecer el nuevo marco regulatorio de la gestión de los purines,
lleva
más de dos años en tramitación y su entrada en vigor no se espera hasta 2019. El proyecto plantea nuevas normas para la aplicación de deyecciones en cultivos y limitará la construcción de granjas en las zonas con mayor concentración de explotaciones.
Más limitaciones mientras plantas de tratamiento están en ‘impasse’ El nuevo criterio de la ACA a la hora de autorizar explotaciones ganaderas en zonas vulnerables a la contaminación por purines llega en un momento de impasse para las instalaciones dedicadas a tratar las deyecciones. Las dos plantas de secado de purines todavía cerradas en Juneda y Alcarràs esperan las nuevas primas por generar electricidad del Estado, que ha excedido todos los plazos que le concedió el Supremo para cumplir las sentencias que obligan a restablecerlas tras el tijeretazo que las cerró en 2014. Desde entonces, solo han reabierto en Lleida la de Miralcamp y la de VAG, en Juneda.
