Un gas relacionado con los tumores pulmonares obliga a aplicar medidas en 113 pueblos de Lleida

La publicación por el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) del listado definitivo sobre los municipios con riesgo de exposición al gas radón, de efectos radiactivos y al que las autoridades sanitarias achacan hasta uno de cada siete tumores pulmonares, va a tener consecuencias inmediatas en áreas como la construcción de edificios. 

A partir de ahora resulta obligatorio aplicar medidas de contención de este fluido tanto en las obras de construcción de nuevas viviendas como en las de rehabilitación y reforma de las ya existentes en los municipios incluidos en alguna de las dos zonas de alerta.

Estas medidas, previstas en normas como el CTE (Código Técnico de Edificación) para los edificios habitables de nueva construcción y para las ampliaciones, reformas y cambios de uso de los ya existentes, pasan a ser de aplicación obligatoria con la publicación del listado de municipios, que debe ser actualizado cada cinco años.

Así, en los 71 incluidos en la Zona 1, la de menor exposición, y que se concentra en las comarcas del Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra y la Noguera, se establece la obligación de disponer de “una barrera de protección” entre “el terreno y los locales habitables del edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno”. Esta pantalla, similar a las de impermeabilización, puede ser sustituida por la habilitación de “una cámara de aire destinada a mitigar la entrada del gas radón”.

En los 42 municipios de la Zona 2, en la que los estudios previos plantean la posibilidad de niveles de más de 30 Bq (becquereles)/m3, a esa obligación se le añade una de estas opciones: disponer de un espacio de contención ventilado, ya sea de forma natural o mecánica, entre el terreno y los locales a proteger, o instalar un “sistema de despresurización del terreno” que “permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio”.

Estas obligaciones para la edificación conviven, al menos hasta que el Gobierno central apruebe en Plan de Lucha contra el Radón, con un vacío legal sobre qué administraciones deben asumir, y en qué medida, la medición de la presencia del gas en viviendas y las ayudas necesarias para paliar sus efectos cuando sea necesario en el ámbito habitacional.

No hay dudas, en cambio, ni en cuanto a qué sistemas de medida deben aplicarse tanto en la construcción como en la prevención de riesgos laborales, determinados por el CSN en su Instrucción IS-47, ni tampoco sobre la obligación de las empresas de incluir la vigilancia de la exposición de sus trabajadores al gas radón en sus planes de seguridad e higiene laboral. Eludir esa obligación puede conllevar multas de hasta 600.000 euros para las empresas por la ley de Seguridad Nuclear.