¿Un limbo laboral en la fruta?
La detección de una bolsa de descubiertos en las cotizaciones de temporeros colma la retahíla de infracciones laborales de la campaña frutera. La Seguridad Social ha enviado requerimientos a empresarios de este sector
Dos trabajadores de temporada cogen fruta en una plantación.
El sector frutícola del Baix Cinca, que atraviesa un proceso de cambio de modelo en el que el formato familiar se achica de manera simultánea a la emergencia del industrial, está cerrando una campaña histórica en el apartado de las infracciones de carácter social, en la que el abanico de irregularidades ha abarcado la práctica totalidad de los ámbitos y donde la detección por parte de la Seguridad Social de una bolsa de descubiertos en las cotizaciones de temporeros ha sido el último incidente conocido en la zona.
La Tesorería de la Seguridad Social ha enviado una remesa de requerimientos a empresarios de la zona tras detectar que una parte de los trabajadores de temporada que habían contratado durante la campaña de recolección de la fruta no tenían al día las cotizaciones de la empresa.
En la mayoría de los casos se trata, según ha podidio saber SEGRE, de trabajadores de nacionalidad extranjera, asiática en muchos casos, que trabajaban en fincas y almacenes con la intermediación de empresas de servicios y de ETT (Empresa de Trabajo Temporal).
El Seguro reclama ahora el ingreso de esas cantidades, equivalentes al 30,57% del salario percibido por los trabajadores. La aportación de estos es, por su parte, del 6,48%.
La situación detectada por la Seguridad Social al chequear la actividad laboral en la zona durante el pasado verano tiene otra derivada: de no ser cubiertos en los plazos que ofrece la Administración, los impagos pueden llegar a ser perseguidos como presuntos delitos de apropiación indebida en el caso de existir cotizaciones de los trabajadores documentadas como ingresos efectivamente realizados en los recibos de nómina pero pendientes de pago en la práctica.
Este episodio resulta ser el enésimo relacionado con la comisión de infracciones laborales que se da en la campaña de recolección de la fruta de este año. Estas irregularidades han dado lugar a la apertura de varias investigaciones en los juzgados de Fraga.
En cuatro de esas causas, abiertas a raíz de las pesquisas de la Guardia Civil que culminaron con 13 empresarios e intermediarios detenidos y otros 4 investigados por delitos laborales y contra los ciudadanos extranjeros, hay imputadas cuatro ETT y otras tantas empresas fruticultoras. En esas intervenciones fueron liberados un total de 280 trabajadores de temporada, la práctica totalidad de ellos de origen extranjero y la mayoría llegados al Baix Cinca mediante acuerdos de contratación en origen, alojados en viviendas insalubres conocidas como albergues de miseria.
Los trabajadores eran sometidos a condiciones de explotación en las que sus empleadores o los intermediarios les retenían parte del sueldo por conceptos como manutención y alojamiento, cuando el convenio del campo obliga a facilitarlo gratis o por precios módicos, o les imponían elevadas deudas que debían saldar. La Guardia Civil y la Inspección también han detectado episodios de contratación de trabajadores bajo falsas identidades.
