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Benabarre y Estopanyà se movilizan para frenar la mina de manganeso

Una plataforma aglutina cientos de apoyos en unos días y los dos plenos tratarán el proyecto

Se conserva un Castellet de la antigua mina. - PCAPE

Se conserva un Castellet de la antigua mina. - PCAPE

Lleida

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Vecinos e instituciones han comenzado a movilizarse y a tomar posiciones para oponerse al proyecto de una mina de manganeso en sus términos después de que el Gobierno de Aragón autorizara a un particular a realizar prospecciones en una superficie de 700 hectáreas que afecta a los dos municipios.

“No sabíamos nada, nos ha cogido por sorpresa”, explica un portavoz de PCAPE, la Plataforma por la Conservación Ambiental y del Patrimonio de Estopanyà, que ha logrado en una semana casi 300 adhesiones, cifra que duplica con creces el padrón local, de 136 vecinos.

“La mina afectaría un entorno de gran valor natural, con hábitats sensibles y especies protegidas”, y “la maquinaria pesada, las plataformas y las perforaciones de 100 metros romperían el equilibrio ecológico de la zona”, advierten en un manifiesto, en el que anotan que “la minería de manganeso genera polvo, ruido y riesgo de contaminación del aire, de los acuíferos y la degradación del suelo también afecta la viabilidad a largo plazo de la tierra para otros”, además de a “la salud y la calidad de vida de vecinos y visitantes”. “Exigimos detener este proyecto de investigación para proteger nuestro territorio” y no “sacrificar la calidad de vida ni los valores naturales que hacen único a nuestro pueblo”, reclaman.

“Las prospecciones son un primer paso previo a la explotacion minera, que ahora no sería con túneles y galerías como hace 80 años, cuando se abandonó porque no era rentable, sino a cielo abierto, y eso tendría un gran impacto”, explica la misma fuente. “En Estopanyà hay una tendencia demográfica positiva. Viene gente de fuera, hay varios proyectos locales en marcha y la escuela se sostiene, y todo eso se está poniendo en peligro con un proyecto de este tipo”. añade.

Los 136 empadronados en el municipio son 20 más que al año pasado en una vuelta a cifras de hace una década. Benabarre, con 1.137, se mantiene con altibajos desde hace más de tres décadas por encima de los 1.100.

En la capital histórica de la Ribagorça Oriental también observan con recelo el proyecto. “Vamos a llevar al pleno el tema, y vamos a intentar presentar un recurso de alzada contra la autorización de los sondeos”, explica la alcaldesa, Yolanda Castelló.

El ayuntamiento no presentó ningún documento en la consulta que abrió el Gobierno de Aragón en marzo, pero sí lo había hecho en diciembre de 2022, en los primeros pasos de la tramitación.”Nuestro informe es muy claro: la mayor parte de la zona afectada en Benabarre está en una zona que el Plan General de Ordenación Urbana califica como suelos especialmente protegidos, y ahí se pueden hacer muy pocas cosas más allá de la agricultura o el saneamiento de agua”, señala.

La zona en la que la DGA pretende autorizar los sondeos en busca de manganeso, un mineral declarado estratégico por el Gobierno central que se utiliza para las aleaciones de acero y para la fabricación de baterías, afectan a un monte de utilidad pública, a un bosque de enebros y sabinas declarado de interés comunitario y a áreas con presencia del quebrantahuesos, el alimoche y el águila real. Está junto a una zona de red Natura 2000 como las lagunas de Estaña y al lado del camino que lleva a Les Roques de la Vila de Finestres.

“La idea es sumarnos a las acciones que se están planteando y apoyar a la plataforma. No es un no sistemático pero sí un no preventivo”, anota Castelló. El PSOE ha presentado en el ayuntamiento de Estopanyà, al que la PCAPE ha pedido que recurra el permiso, una moción en la que reclama varias acciones para evitar los sondeos.

Veto a los parques de renovables a menos de un kilómetro de 10 pueblos

El ayuntamiento de Benabarre está tramitando una modificación de sus normas urbanísticas, actualmente en fase de consulta pública en el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), para poner límites a la instalación de parques de energías renovables en su término. Esa actividad, señala la memoria de la iniciativa, “puede entrar en conflicto con los valores ambientales y agrícolas protegidos” por las actuales normas y que requiere “garantizar que las instalaciones no interfieran con dichos valores”. Así, la propuesta veta la ubicación de parques solares y eólicos a menos de un kilómetro del casco urbano de cualquiera de los diez núcleos repartidos por sus 157 km2 de extensión, así como en la zona de protección del quebrantahuesos y en los puntos calificados como de visibilidad alta o muy alta en el Mapa de Paisaje de la Ribagorça. 

El documento prevé imponer como condición “garantizar que las actuaciones proyectadas no alteren el tránsito ganadero ni impidan sus demás usos legales o completemntarios, especiales o ecológicos, evitando causar cualquier daño de tipo ambiental”. La memoria prevé vetar el uso de modelos de placas o aerogeneradores que requieran cimentaciones, así como las “roturaciones y explanaciones del terreno”. Los paneles deberán tener una altura que permita “minimizar la pérdida de suelo fértil”, y tanto esos aparatos como los molinos de viento deberán ubicarse de manera que garanticen la disponibilidad de pasillos interiores y franjas perimetrales con vegetación. En las instalaciones estará prohibido el uso de herbicidas, y la vegetación deberá controlarse mediante pastoreo y siega.

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