219 municipios leridanos deben revisar la seguridad de su red de agua de boca
Tienen 13 meses para hallar riesgos en las tomas, sequía y contaminación incluidos
Cerca de un centenar de municipios se encuentran en zonas de abastecimiento de nivel alto de exigencia de vigilancia. - MAGDALENA ALTISENT
Los operadores del servicio de agua de boca de 219 de los 231 municipios de Lleida tienen trece meses para revisar la seguridad de las captaciones en ríos, canales o pozos desde las que se abastecen sus redes de suministro para establecer medidas de corrección y de mitigación de esos riesgos, entre los que se incluyen la sequía y la contaminación.
Un total de 219 municipios (de 231) de la demarcación de Lleida tienen apenas trece meses, hasta el 2 de enero de 2027, para realizar una exhaustiva “evaluación y gestión del riesgo” de sus zonas de captación de agua, según recoge el ETI (Esquema de Temas Importantes) del nuevo Plan Hidrológico del Ebroque la Confederación Hidrográfica del Ebro sacó a consulta pública el 28 de noviembre.
La elaboración del informe, obligatorio para las zonas de captación y abastecimiento que suministren agua de boca a más de 50 personas, es responsabilidad del operador que gestione esa red, que suele ser el propio ayuntamiento, una mancomunidad de ellos o una empresa privada mediante una contrata.
Esos informes deben incluir una “caracterización de las zonas de captación”, con la localización de los puntos de extracción y de los perímetros de protección cuando existan, y la “detección de peligros y eventos peligrosos” en esas áreas, “incluidos los derivados potencialmente del cambio climático”.
Este punto es clave, ya que la CHE incluye entre ellos la menor capacidad de las masas de agua para la dilución de contaminantes por las sequías, la mayor frecuencia del arrastre de esas sustancias hacia embalses y acuíferos por el aumento de la torrencialidad de la lluvia y, también, la “proliferación de algas tóxicas, cianobacterias y patógenos emergentes” por el aumento de las temperaturas.
A partir de esa evaluación “se deberán adoptar las medidas preventivas y de atenuación” frente a esos riesgos e impactos, añade el documento, que establece dos niveles de exigencia.
En el estándar se sitúan 98 municipios cuyas redes abastecen a entre 50 y 500 habitantes, mientras que el superior abarca otros 121 que superan ese umbral o mueven más de 100.000 litros de agua al día, para los que se sumará la obligación de realizar un “control adecuado” de “los parámetros, sustancias o contaminantes” que indicará la CHE. Esos informes deben ser renovados cada seis años o “cuando sea necesario” en función de los criterios que vaya estableciendo la normativa sobre agua de boca.
Chequeo generalizado de las fugas y un plazo extra para las concesiones
Los operadores de las redes de abastecimiento que atienden a más de 500 habitantes, que en la demarcación de Lleida incluyen a 121 municipios, “están obligados a hacer una evaluación del nivel de fugas estructurales y a tomar medidas preventivas y correctoras para minimizarlas”, señala el ETI (Esquema de Temas Importantes) del nuevo PHE (Plan Hidrolólgico del Ebro), en el que se incluirá esa información. “Es necesario integrar esas medidas en la planificación hidrológica y tenerlas en cuenta en los balances de recursos y demandas”, indica. Paralelamente, las 43 zonas de abastecimiento leridanas de más de 10.000 habitantes deben hacer una evaluación más detallada de las fugas en su sistema. Tras el primer chequeo, referido al año 2024, los operadores de las redes de agua del grifo deberán “repetir cada dos años las evaluaciones detalladas y cada cuatro las básicas”. El Miteco (ministerio para la Transición Ecológica) debería haber publicado el 1 de diciembre el Informe sobre Fugas Estructurales con la evaluación de los niveles de pérdidas, el potencial de mejora y el catálogo de medidas correctoras recomendadas para paliar la desaparición de caudales entre las estaciones de potabilización y los grifos de los usuarios. Ese documento debe ser enviado a primeros de año a la Comisión Europea para que elabore el documento que debe establecer “un umbral máximo de fugas que los titulares de las infraestructuras afectadas deberán cumplir mediante la aplicación de un plan de acción adecuado” antes de que termine el año 2029. Por otro lado, la CHE mantiene hasta el 20 de septiembre de 2026 para los muncipios de menos de 20.000 habitantes que “vienen prestando el servicio de abastecimiento” sin disponer de concesion administrativa la posibilidad de “acogerse al procedimiento simplificado de carácter excepcional” para obtenerla.
