La zona azul de Mollerussa sube de precio tras diez años congelada

El ayuntamiento de Mollerussa debatirá en el pleno ordinario de mañana jueves un incremento de las tarifas de la zona azul y el impulso administrativo para licitar cuanto antes las obras del cierre perimetral de la escuela Ignasi Peraire. En el primer caso, el equipo de gobierno plantea una subida media del 50%, que situará la tarifa en 30 céntimos la media hora, frente a los 20 actuales; en 70 céntimos la hora, frente a los 45 de ahora; y en 1,65 euros dos horas, frente al euro vigente. El concejal del Área Económica y Contratación, Alonso Soria, recordó que la ordenanza vigente data de 1998 y que hacía más de diez años que no se actualizaban los precios. Tomando como referencia el precio actual en la capital del Pla d’Urgell, aseguró que Lleida está un 300% por encima, Tàrrega un 189%, Igualada un 311% y Fraga un 156% más cara que Mollerussa. El concejal remarcó que la ordenanza habla del precio por hora y no de las franjas temporales. Según remarcó, la zona azul de Mollerussa supera las 400 plazas, registra más de 30.000 vehículos al mes y cerró 2025 con una ocupación de casi el 47%. Otra de las ordenanzas que se propone revisar es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que fijaría el tipo del gravamen en el 3% con el objetivo de adaptarlo a los precios actuales. La previsión de recaudación por este concepto es de 112.000 euros más al año, remarcó el alcalde, Marc Solsona. El pleno también incluirá la aprobación inicial de una nueva ordenanza para regular la instalación de cargadores eléctricos en la vía pública y otra para ordenar los patrocinios privados de actividades municipales.

En el caso de la escuela Ignasi Peraire, el pleno debatirá también mañana una modificación de crédito de 120.000 euros para incorporar la obra de la nueva valla perimetral al presupuesto prorrogado de 2025 de modo que se licite cuanto antes sin esperar a la aprobación del presupuesto de este año, prevista para abril. Según Solsona, el proyecto ya está redactado, y el retraso no responde a una falta de voluntad política, sino a “cuestiones urbanísticas” relacionadas con la ocupación de terrenos y con la cesión de las parcelas afectadas por parte de sus propietarios.