Luz verde a una ley pionera para erradicar el amianto

El Parlament aprobó ayer por unanimidad la ley para erradicar al amianto con la abstención de Vox y PPC en algunos de los puntos. La norma prevé eliminar el fibrocemento de edificios e instalaciones, incorpora el reconocimiento de las víctimas, establece una regulación común y crea un censo catalán de registro de este material. También fija un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para propietarios que incumplan las órdenes de retirada. Se trata de una ley que inició el anterior gobierno de Pere Aragonès, pero que decayó por el adelanto de las elecciones. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, destacó que es una ley “pionera” en Europa que inicia “la etapa definitiva” para eliminar este material.

“Es una herramienta que nos proporciona los medios necesarios para seguir avanzando y hacer lo que esté a nuestro alcance para que este material contaminante pase a la historia de nuestro país”, añadió Paneque. La consellera hizo valer que el gobierno de ERC puso los “fundamentos” de esta norma de país. La consellera apuntó que, aunque en 2022 se prohibió la comercialización del amianto, todavía está presente en Catalunya. Añadió que su erradicación es un “reto muy importante”.

Con los actuales presupuestos, se ha podido abrir una convocatoria de 10,5 millones de euros en subvenciones para acelerar la retirada, pero Paneque aseguró que esperan la aprobación de las nuevas cuentas para poder alcanzar los 20 millones anuales.

Catalunya tiene casi 122.000 tejados de uralita, que ocupan un área de 38,8 kilómetros cuadrados. En Lleida, la capital cuenta con 1.541 cubiertas con fibrocimiento, que suponen una media de 63 kg por habitante. En Barcelona ‘solo’ hay medio millar más, con una media de 10 kg por persona. Otros municipios leridanos con una presencia destacada de amianto son Artesa de Segre (1.091 cubiertas), Isona i Conca Dellà (776), Alcarràs (740), Tremp (682) o Agramunt (574), según datos del Govern.