Diez años de la reforma local: más control financiero pero ninguna fusión

La polémica reforma local que impulsó el ministro Montoro en 2013 ha cumplido diez años (entró en vigor en diciembre de 2013) con luces y sombras. Ha supuesto, por una parte, un mayor control financiero de la administración más próxima al ciudadano pero también ha mermado la autonomía municipal. Ediles catalanes piden su derogación.

La reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro (PP), que entró en vigor en diciembre de 2013, todavía levanta ampollas entre los alcaldes tras diez años de vigencia, nueve recursos de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa de la autonomía local planteado por 2.939 municipios del Estado. El Gobierno la impulsó entonces como una reforma revolucionaria de la ley de bases de régimen local (LRBRL). La nueva ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) debía aplicar los criterios restrictivos del gasto marcados por Europa y para ello limitaba las atribuciones de los ayuntamientos, fomentaba su fusión, obligaba a la desaparición de consorcios y EMD deficitarios durante varios años, impulsaba el papel de las diputaciones y acotaba los sueldos y dedicaciones de los cargos electos, entre otras medidas.

Una década después, la ley está desdibujada, ha desplegado solo una parte de su redacción original y el balance tiene luces y sombras, según los expertos. Para Antonio Ropero, profesor adjunto del área de Derecho Administrativo de la Universitat de Lleida, la reforma local “es operativa en muchísimos de sus aspectos, especialmente en materia competencial, de autoorganización y de refuerzo del régimen de control económico y prespuestario. En algunos supuestos, no obstante, ha sido totalmente inoperante, como en lo tocante a la invitación a la fusión de municipios”, señala Ropero, aunque añade que esto es atribuible a “la singularidad del municipalismo español, caracterizado por su fuerte fraccionamiento en municipios de poca población”. La LRSAL solo ha logrado una fusión de municipios: Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, un proceso aún en tramitación.Tampoco ha funcionado en cuanto al “refuerzo de las diputaciones en la prestación (no solo financiación) de servicios municipales, que ha tenido un impacto menor al esperado” en materias como la recogida de residuos o el alumbrado.Fuentes próximas al colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros en Lleida consideran que la reforma local de Montoro se inspiró en una visión “negativa y sesgada” de las entidades locales como administraciones “caras e ineficientes”. La realidad dice algo distinto: con datos del segundo trimestre de 2023, el déficit de todas las administraciones públicas del Estado era del 2,29% del PIB y el de las corporaciones locales, solo del 0,16% del PIB.Además, tras unos años en que los objetivos de déficit se han flexibilizado coincidiendo con la pandemia, el Gobierno central ha recuperado las restricciones fija previsiblemente para este 2024 un 0,1% de décifit máximo para las autonomías y el 0% para los municipios, si bien inicialmente requería incluso un superávit del 0,2%, lo que recortaba el margen de acción a los ayuntamientos.

Además, opinan las mismas fuentes, la LRSAL ha sido “muy agresiva con las EMD, que han perdido su personalidad jurídica”. Inicialmente había incluso barajado la disolución de municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque este artículo del anteproyecto nunca llegó a someterse a votación.La LRSAL ha cumplido diez años con menos fuerza tras someterse a diez procesos constitucionales, explica Antonio Ropero, que derivaron en la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de 11 preceptos y la declaración de constitucionalidad de otros tres bajo intepretación de los criterios del Tribunal.“La ley no se ha desplegado al 100% pero ha supuesto cambios en todos los consorcios municipales”, señala Meritxell Budó, exconsellera y presidenta de la Associació Catalana de Municipis. Muchos consorcios tuvieron que desaparecer por inactividad o por generar déficit. Es el caso de Iniciatives Vila de Les, explica el alcalde, Andreu Cortés. El ayuntamiento la utilizaba para hacer compras con ventajas fiscales. Para Budó, que preside una entidad donde están representados todos los ayuntamientos catalanes, “debe derogarse lo que queda de la LRSAL que supone limitaciones para los ayuntamientos”. “Somos los que más cumplimos con el déficit y el equilibrio financiero y debemos recuperar el empoderamiento”.Al margen de la hacienda local, la LRSAL puso límites también a los sueldos de cargos públicos, a los cargos eventuales de las administraciones locales y a las dedicaciones. 

Por ejemplo, en Lleida el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación no pueden cobrar más que el 75% del sueldo de un secretario de Estado. En los municipios con menos de 1.500 vecinos, los ediles no pueden tener dedicación exclusiva. Estos límites han servido tanto para acotar como para abrir la puerta a primeras retribuciones.