AGRICULTURA CRISIS
El ministerio se abre a negociar con los payeses sobre fiscalidad y costes
Los súper e híper tienen prohibido desde hoy la ‘venta a pérdida’ y las promociones engañosas || Las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones
Un millar de agricultores salieron ayer a la calle en Almería en defensa del sector primario.
El ministerio de Agricultura propone a las organizaciones agrarias, que han decidido mantener las movilizaciones, un paquete de medidas adicionales, después de la aprobación el martes del decreto ley que reforma la normativa de la Cadena Alimentaria. De hecho, ya entra en vigor hoy y los supermercados y los hipermercados tienen prohibida la venta a pérdidas y las promociones engañosas.
El departamento que dirige Luis Planas incluye en su oferta de diálogo a Asaja, COAG y UPA un paquete adicional para responder a las demandas planteadas, que cubre los siguientes ámbitos: formación de los precios a lo largo de la cadena de valor, seguros agrarios, presupuesto de la PAC, coste energético de las explotaciones agrarias, fiscalidad, financiación, costes laborales, reciprocidad de las importaciones de terceros países y regadíos. De hecho, tras conocerse el martes el alcance de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministrios, tanto JARC-COAG, como Asaja y Unió de Pagesos pusieron de manifiesto déficits, entre ellos aclarar quién puede fijar cuáles son los costes de producción de un alimento, extremo en el que ayer insistió Joves Agricultors.
Líneas de 60 millones para energías renovables en explotaciones y de ahorro en regadíos y fincas
Además, el Ejecutivo, a través del ministerio de Transición Ecológica, tramitará con carácter de urgencia, dos líneas de ayuda, por 60 millones de euros para la instalación de fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería, así como para la aplicación de medidas de eficiencia energética en los regadíos e instalaciones agrarias.
El real decreto de reforma de la ley de la Cadena Alimentaria fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor hoy. Considera graves infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el mismo. Los establecimientos comerciales que vendan productos alimentarios de forma reiterada a un precio inferior a los costes de producción en España incurrirán en una falta muy grave cuya sanción está fijada entre 100.000 euros y un millón de euros. Entre otros puntos incluye la obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos, la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción, la regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y la publicidad de las sanciones de infracciones graves o muy graves.
