Primer paso para poder ajustar la edad de jubilación real a la legal

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones al subirlas con el IPC y con el que se persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma recoge “medidas clave” para el colectivo de pensionistas, les da “tranquilidad” al acabar con la “incertidumbre” de cuánto subirán sus pensiones cada año y permite volver al consenso en materia de pensiones, frente a reformas unilaterales del pasado.

Se subirán las pensiones con el IPC y se fomenta el retraso voluntario del retiro laboral con más incentivos

La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Con esta reforma se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la fijación de un mecanismo estable de revalorización, por el que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Además, si el dato es negativo, no habrá modificaciones en las pensiones.

Como novedad, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores de la pensión pasarán a ser mensuales, no trimestrales, y solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó también el real decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas firmado ayer entre el ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos más representativos del sector. El Gobierno confió en que, con los cambios en la normativa, este proceso de estabilización sea el último que necesite el sector público.

Todo ello mientras la oferta de empleo se redujo un 52,% en Catalunya, debido a la crisis de la Covid-19, 10,3 puntos porcentuales por encima de la reducción media estatal. En el conjunto de España, la oferta de empleo se desplomó un 41,9 por ciento en 2020 por la crisis de la pandemia tras siete años de crecimientos continuados.

Durante los meses más duros de la pandemia, los del primer estado de alarma, la oferta de empleo llegó a hundirse un histórico 70% de media respecto al mismo periodo del año anterior. 2020 supuso “un antes y un después” para el mercado de trabajo, con la paralización de la actividad en todos los sectores que no se consideraron esenciales; la imposición del teletrabajo, y cambios en los protocolos de seguridad y prevención.

Calviño congela las expectativas de subir el SMI este mismo año La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abogó ayer por esperar a ver cómo evoluciona el empleo en la segunda parte del año antes de tomar una decisión sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), congelado en 2021 en 950 euros brutos mensuales.

“Vamos a ver cómo evoluciona el empleo durante esta segunda parte del año y espero que cuanto antes se recupere la senda de subida del SMI en la que estábamos cuando nos golpeó la pandemia”, dijo Calviño. Sus palabras contrastan con la posición de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el lunes decía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que tomar una decisión valiente como con los indultos a los presos independentistas.

Lleida gana peso en la contratación en Catalunya

Lleid gana peso en el conjunto de Catalunya en materia de contratación. Así lo refleja un estudio de Adecco, según el cual Barcelona mantiene su hegemonía como provincia con mayor influencia en la oferta de empleo, con un 83,9%, si bien ha rebajado en tres puntos su aportación al empleo en la comunidad en 2020. Tarragona, por su parte, continúa estable en el segundo puesto (7,6%), mientras que Girona (4,8%) y Lleida (3,5%) han incrementado en más de un punto sus ofertas de empleo.