El Gobierno aprueba la reducción de jornada laboral sin contar con el apoyo en el Congreso

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal hasta las 37,5 horas semanales sin tener cerrados los apoyos parlamentarios para su entrada en vigor, una responsabilidad que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atribuyó al PP, ya que con Junts, que ya ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad contra la norma, ve margen para la negociación. La ministra, que a erigido esta ley como su “medida estrella” para esta legislatura, dejó claro que el Ejecutivo está negociando con todos los grupos parlamentarios para buscar los apoyos necesarios con los que sacarla adelante.

El visto bueno del Gobierno a la rebaja de jornada acordada con CCOO y UGT –con la oposición de las patronales– se produce más de dos meses después de que fuera aprobada como anteproyecto de ley y una vez recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES). Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, la norma aterrizará en el Congreso, donde el Ejecutivo espera atar los apoyos suficientes para sacarla adelante, pese a la enmienda de Junts y las reticencias del PP.

Díaz destacó que 12,5 millones de asalariados se verán beneficiados por la norma, sobre todo aquellos no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a jornadas similarES a la de los últimos cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos sectores como servicios o agricultura. Junts dejó claro que “no va de farol” con su enmienda y criticó que la iniciativa “dificulta trabajar” e impone una “fiscalización inaceptable” a las empresas. Por su parte, el PP reiteró su rechazo a la norma afeando que esta viene desde la “imposición” y no ha tenido en cuenta a la patronal en las negociaciones.

Las patronales critican la “inviabilidad” de la nueva norma

Las principales patronales volvieron ayer a rechazar la reducción de la jornada aprobada por el Gobierno. Pimec afirmó que defenderá ante los grupos del Congreso la “inviabilidad” de la propuesta afirmando que supone “un incremento insostenible de los costes laborales para las pymes”. En la misma línea, la CEOE advirtió que será una nueva vuelta de tuerca en cuanto a los costes y las dificultades organizativas para las empresas y que afectará a la práctica totalidad de los convenios colectivos. Por su parte, Asaja defendió que el sector agroalimentario debe quedar fuera de esta reducción “sí o sí”, puesto que no se adapta a sus necesidades.

Por el contrario, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presionaron a los grupos parlamentario para que den luz verde a la medida.