¿Qué pasará con los 10.000 trabajadores entre Huesca y Lleida si Catalunya recauda el 100% del IRPF?
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido que este tipo de situaciones imposibilitarían una correcta conciliación fiscal. Y aseguran que no es comparable con el País Vasco
Qué pasará si Catalunya recaudase el 100% del IRPF: el caso de los trabajadores entre Huesca y Lleida
Lleida - Huesca, dos provincias vecinas unidas por el empleo agrícola, industrial y logístico, podrían verse en el epicentro de un conflicto fiscal si prospera el acuerdo entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña para que esta última recaude el 100 % del IRPF a partir de 2026, el llamado financamiento singular de Catalunya.
Según el Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Lleida 2023, más de 2.923 personas con domicilio en Huesca trabajaron en Lleida, mientras que 6.631 residentes en Lleida lo hicieron en Huesca. Este trasvase laboral —frecuente en sectores como el agrícola o el transporte— se convertiría en un problema técnico y jurídico con la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación catalana.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido que este tipo de situaciones imposibilitarían una correcta conciliación fiscal. En su comunicado del 16 de julio de 2025, los inspectores explican que si una empresa catalana contrata trabajadores domiciliados en otra comunidad, como Aragón, las retenciones del IRPF se ingresarían en Cataluña, pero los trabajadores deberían declarar y solicitar la devolución del impuesto en su comunidad de residencia (en este caso, Aragón).
“Resultaría imposible conciliar la información procedente de dos bases de datos independientes para efectuar las devoluciones con la rapidez con la que se hace ahora”, afirma la IHE.
El dilema de las "retenciones cruzadas"
En el caso específico de Lleida-Huesca, cerca de 9.500 contratos laborales (datos de 2023) se verían potencialmente afectados por esta duplicidad administrativa. Las empresas ubicadas en Lleida ingresarían las retenciones en Cataluña, mientras que los trabajadores de Huesca reclamarían sus devoluciones en la Agencia Tributaria estatal, que no tendría acceso directo a los datos fiscales generados en Cataluña.
La situación inversa también se produciría: empresas oscenses con empleados domiciliados en Lleida ingresarían las retenciones en la Agencia Tributaria estatal, pero estos trabajadores catalanes tributarían (según el nuevo modelo) exclusivamente ante la Generalitat, dificultando la gestión y seguimiento de sus ingresos.
¿Y el precedente del País Vasco?
Al ser preguntados por comparaciones con el modelo foral vasco, los inspectores de Hacienda fueron contundentes: no es comparable. El País Vasco y Navarra cuentan con un sistema fiscal propio, reconocido constitucionalmente y completamente desarrollado, basado en el Concierto y el Convenio Económico, respectivamente. Este modelo foral establece de forma clara qué administración fiscal es competente en función del domicilio del contribuyente.
“Los que estamos trabajando en la inspección sabemos que las personas físicas domiciliadas en el País Vasco y Navarra tributan allí; el resto tributan en el resto del territorio”, explican.
La diferencia esencial, señalan, es que en el caso vasco ya existe una coordinación clara, normativa propia y delimitación de competencias, lo que evita los conflictos de información. En cambio, "el modelo propuesto para Catalunya se basa únicamente en un principio de cesión integral sin un sistema legal consolidado ni acceso cruzado de datos entre administraciones".
“La Agencia Tributaria catalana no tendría acceso a los datos del resto del Estado, ni viceversa. No hay una forma de actuar coordinada. Esto es lo que más nos preocupa: afecta a la igualdad entre los ciudadanos y a la propia naturaleza del Estado”.
Riesgos para la gestión fiscal y la lucha contra el fraude
El modelo planteado por la Generalitat —avalado en principio por el Gobierno central— implica no solo la recaudación, sino también la gestión, inspección y liquidación del IRPF en Cataluña. La IHE alerta de que esto pondría en jaque tanto el funcionamiento interno de la Agencia Tributaria como su capacidad para detectar fraudes y ofrecer datos fiscales automatizados a los contribuyentes.
Además, señalan que esta fragmentación pondría en riesgo la financiación de los servicios públicos en comunidades receptoras netas del sistema de redistribución fiscal, como Aragón o Andalucía, al reducir la base contributiva común.
